El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santander contra la sentencia de marzo de 2023 que estimó parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Ascan-Geaser contra las detracciones efectuadas en el mes de agosto de 2021 por el Consistorio en concepto de "medios personales y recogida de cartón".
Así lo ha dado a conocer este viernes el grupo municipal regionalista, que ha recalcado que con esta ya son "11 de 16" las sentencias ratificadas por el TSJC que "niegan" la razón al Ayuntamiento y que, en esta ocasión, "como novedad" introduce la obligatoriedad por parte del Consistorio de "asumir las costas del proceso".
En nota de prensa, los regionalistas han pedido al equipo de Gobierno de Santander (PP) que "cese en su empeño de arruinar" a los santanderinos tras perder esta nueva sentencia por el contrato de basuras contra la anterior adjudicataria del contrato, la UTE Ascan-Geaser.
El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha considerado "gravísimo" que "todos los santanderinos" tengan que pagar por la "cabezonería" del equipo de Gobierno y ha pedido a los 'populares' que asuman "de una vez por todas" que "han perdido esta batalla judicial" para evitar que sigan "dilapidando" el dinero de todos los ciudadanos.
Asimismo, ha subrayado que la alcaldesa, Gema Igual, "siempre se ha escudado" en su defensa en que no existen sobrecostes, pero "empezamos a ver que no es cierto, ya que el Ayuntamiento está incurriendo mes a mes en ellos con el contrato que tiene con la empresa actual y con los intereses y, por primera vez, las costas judiciales".
Ha resaltado al respecto que esos intereses "que se acumulan desde la primera sentencia hasta la futura fecha de pago, y ahora las costas procesales que se incluyen en esta nueva sentencia, no están contempladas en el presupuesto".
Así, ha señalado que el contrato de emergencia adjudicado tras la rescisión de la anterior conlleva "sobrecostes que superan los 3,5 millones de euros al año" y que si se pierden las 16 sentencias, "que todo apunta a que sí", el Ayuntamiento deberá afrontar un pago de 2,4 millones de euros de principal, a los que habrá que añadir "unos 620.000 euros de intereses".
"Mientras se gastan millones de euros en sobrecostes y recursos judiciales que no van a ninguna parte, la ciudad está más sucia que nunca", ha subrayado Piña, quien también ha criticado que durante todo este tiempo el equipo de Gobierno "haya intentado desviar la atención de su incompetencia con artimañas judiciales para evitar la creación de una comisión de investigación en la que los santanderinos podamos saber qué ha ocurrido realmente con el contrato de basuras".
En este sentido, y al hilo de las declaraciones realizadas ayer por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, que acusó al portavoz regionalista de "hacer el ridículo" por visitar a una asociación de vecinos en San Román con el fin de firmar la petición vecinal para instar al Ayuntamiento a instalar marquesinas en las paradas de autobús, Piña se ha preguntado "¿qué es más ridículo: atender las reivindicaciones de los vecinos o tirar a la basura el dinero de todos los santanderinos?".
