Argumentan que somos nosotros, el resto de la ciudadanía, los que estamos equivocados y que toman este tipo de decisiones por nuestro bien. Esta última reflexión deja entrever que el sentido común no está solo en el exilio, seguramente lo acompañe la vergüenza de nuestros gobernantes.
Para la mayoría está claro que alguien con el historial de Arnaldo Otegi, con una pena de inhabilitación vigente, no tiene derecho a postularse como candidato. Ahora bien, algunos personajes políticos, con cierta relevancia hoy en día, no opinan lo mismo.
Nuestros gobernantes regionales han aprovechado un contexto político nacional incierto para dar lecciones de moralidad y así evitar hablar en clave regional
En Cantabria estamos viviendo una versión 2.0 de esa política social de tradición romana. El Ejecutivo se muestra incapaz de solventar problemas como la tasa de paro, el olvido que ha sufrido en nuestra tierra el sector primario o la desindustrialización.
Son diversos los obstáculos a superar para conformar un gobierno viable. Por un lado, un bipartidismo anclado en el pasado. Por otro, el ego. Y salvo que alguno más de los actores políticos haga un ejercicio de responsabilidad y anteponga los intereses generales a los suyos propios, estaremos abocados a nuevas elecciones.
Pese a que lo que se recordará es la anécdota, lo verdaderamente importante fue la constitución de las Cortes Generales. Esto es esencial para ir un paso más allá y formar un Gobierno que garantice llevar a cabo las reformas que demanda la sociedad.
Es la primera vez en mucho tiempo que podemos elegir entre el mejor de los posibles candidatos y no entre el menos malo de los posibles.
Toda esta insistencia de algunos políticos, esos mismos que llevan una vida en el escaño, en eludir hablar de economía no hace más que fomentar el descrédito sufrido por la clase política.
La comparación con los países de nuestro entorno puede ser, en cierto modo, injusta. Cuando se sospecha que un político esta manchado por un caso de corrupción, dimite. Sí, dimite.