Si fuésemos medianamente críticos en realizar análisis comparados nos ahorraríamos muchos debates inútiles como los que rodean la ordenación territorial y los planeamientos urbanísiticos en Cantabria durante las últimas décadas que han ido inundando la actualidad y han ido olvidando el significado y la supuesta trascendencia de mejoras territoriales y urbanísticas con pretenciosas siglas, decisiones y leyes –CROTU, LOTUCA, PROT, AGUAS, COSTAS, MONTES, PAISAJE, CARRETERAS, MINAS....– con el objetivo de ocultar la degradación –y demás vicios de actuación– en esos capítulos que ha venido extendiéndose por toda la región.
Por todo ello, resulta muy sorprendente que Colegios o entidades profesionales –pero también las propias instituciones políticas y la Administración de Justicia– hayan llegado hasta hoy sin haberse pronunciado o personado, por propia iniciativa o de oficio, en los procedimientos administrativos o judiciales que deberían haber rodeado los flagrantes desafíos a las leyes y normativas vigentes en materia urbanística o de ordenación territorial por parte del Estado, el gobierno autonómico o los Ayuntamientos para prevenir o anticiparse a los impactos irreversibles o los daños y perjuicios económicos y sociales causados.
La situación requiere, desde luego, un cambio profundo en los sistemas de gestión y las respuestas institucionales y legales más eficaces
De esta forma, las sentencias de derribo en Cerrias, Argoños, Piélagos, Escalante, Arnuero... no pueden ocultar los desastres urbanísticos en el arco Sur Occidental de la Bahía de Santander desde la propia ciudad hasta Camargo, El Astillero o Bezana y los que rodean los perímetros y entornos de los principales núcleos urbanos de la región desde San Vicente de la Barquera y Cabezón de la Sal hasta Laredo-Colindres, Castro Urdiales, Reinosa o Los Corrales de Buelna con sus deficientes gestiones y sus propias normativas, NN.SS. o PGOU, sin olvidar, el resto de los tramos costeros y, desde luego, las áreas rurales, los valles del interior y los llamados espacios protegidos –parques, reservas...– que han ido degradando sus valores y singularidades con la invasión indiscriminada de los suelos rústicos y las llanuras de inundación, la desaparición de los bosques de galería y las formaciones de ribera, la destrucción del patrimonio etnográfico en torno a carreteras, vegas y mieses mediante las talas y deforestación de las hileras arboladas, los asfaltados innecesarios de caminos y camberas con supresión de morenales, portillos y jisos, sustitución de cercas y setos por pináceas y prefabricados de cemento, la deforestación y el desarbolamiento de los rodales de especies autótonas, y la agresión a los ecosistemas fluviales con escolleras, encauzamientos salvajes y supresión de los trazados meandriformes, autorización de tipologias ajenas a la localización y las viviendas tradicionales con estridentes diseños, materiales y colores,
Todo ello acompañado de la ausencia de criterios de ordenación territorial y ambiental en los aprovechamientos forestales con la tolerancia extrema en la extensión masiva e indiscriminada de plantaciones de monocultivos arbóreos de crecimiento rápido de pinos y eucaliptos caracterizados por su biodiversidad menguante, la esterilización de los suelos, la uniformización de los paisajes, sus riesgos pirofíticos, el estrés hídrico de la pérdida de infiltración de las aguas y la intensificación de la erosión –talas a matarrasa, pistas de acceso...– y las escorrentías superficiales.
Una situación que requiere, desde luego, un cambio profundo en los sistemas de gestión y las respuestas institucionales y legales más eficaces, preventivas y anticipatorias de los frecuentes impactos e irregularidades en las concesiones y autorizaciones en materia territorial y urbanística de las distintas Administraciones Públicas y superar la contradicción entre juez y parte tan frecuente en sus relaciones habituales.