El Gobierno de Rajoy acaba de cerrar el presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias correspondiente al actual ejercicio. El Ejecutivo español ha adelantado el cierre cuatro meses –suele cerrarse en noviembre– y la Administración General del Estado, los organismos autónomos del Estado, las agencias estatales y otros organismos públicos no podrán autorizar nuevos gastos hasta el próximo ejercicio, para “asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” establecidos por la Comisión Europea, órgano de gobierno de la UE.
La orden que cierra el grifo a la Administración central fue publicada en el BOE el 16 de julio y entró en vigor el mismo día
La medida no afectará ni a las pensiones, a las prestaciones y subsidios por desempleo o a los gastos de personal (sólo faltaría) ni a los gastos que autorice expresamente el Consejo de Ministros, pero tampoco afectará a la deuda pública, blindada por el artículo 135 de la Constitución española que PP y PSOE reformaron en 2011 en acatamiento de las ‘recomendaciones’ de la Comisión Europea, uno de los tres pilares de una ‘troika europea’ –los otros dos son el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que ya no existe formalmente aunque siguen existiendo sus tres pilares, cuya alargada sombra vuelve a proyectarse sobre España a apenas una semana de que se conozcan las sanciones económicas (¡económicas!) que le impondrá la UE por el incumplimiento de los objetivos de estabilidad.
La orden que cierra el grifo a la Administración central –que fue publicada en el BOE el 16 de julio y entró en vigor el mismo día de su publicación– establece precisamente que la medida de ajuste es necesaria por las “consecuencias desfavorables que podrían derivarse en caso de incumplimiento” de unos objetivos de estabilidad que no obstante ya están siendo incumplidos.
El Gobierno de Rajoy, en funciones y tutelado (como lo estuvo el anterior y como lo estará el siguiente, sea del color que sea) más que nunca por una Comisión Europea que ya está exigiéndole nuevos ajustes, ha actuado sin previo aviso y en pleno mes de julio, dejando sin margen de maniobra a unos organismos públicos entre cuyos empleados cunde el malestar porque no han dispuesto del tiempo necesario para resolver los trámites administrativos que requeriría la inmensa mayoría de sus operaciones pendientes.
La conclusión es la misma: son peligrososos
El Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado que presentó y el PP aprobó los Presupuestos Generales del Estado que aprobó. Y los presentaron y los aprobaron anticipadamente –apenas dos meses antes de las elecciones del 20D– por electoralismo. El mismo Gobierno y el mismo PP que ahora (ahora que ya tendrán atado y bien atado un acuerdo de gobierno) cierran el grifo a los organismos públicos en julio. El mismo Gobierno y el mismo PP que ya han dejado el dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social –más conocido como ‘hucha de las pensiones’– en menos de la mitad de lo que se encontraron cuando llegaron a La Moncloa. Los mismos que se llenan la boca con el apoyo a las personas mayores, con la racionalización y la puesta a punto de la Administración o con la buena gestión en general.
¿Son así de chapuceros o pretenden minar lo público hasta convertirlo en ‘insostenible’ y acabar con ello? En cualquiera de los dos casos, la conclusión es la misma: son peligrosos.