Domingo, 27 de Mayo de 2018
El Tiempo

El paripé de las banderas

Supone una tremenda irresponsabilidad política de los dos grandes partidos y sus socios fomentar un debate sobre la independencia catalana pensando exclusivamente en las elecciones generales de diciembre y apelando exclusivamente al inmovilismo.

Sigue la pelea por todo lo alto entre los partidarios de la secesión de Cataluña y los unionistas. “La unidad de España es obra del espíritu santo”, ha explicado el arzobispo de Valencia. El señor Mas, ahora que la alcaldesa de Barcelona no acude a ritos religiosos, se arrima a la virgen de la Mercè por si esta le susurra si algún otro miembro de la santísima trinidad está con los suyos. Estos días hemos visto también cómo la guerra de las banderas volvía en Barcelona a los balcones municipales con mucha tensión entre los concejales del PP -en Barcelona son el número justo para sostener entre todos una bandera- y los de ERC.

El debate sobre la independencia de Cataluña se ha presentado en plenos y parlamentos autonómicos patrocinado por el PP, PSOE y Ciudadanos, partidos actualmente con nulo interés en una salida negociada con los partidos catalanes donde se pongan sobre la mesa las principales reivindicaciones de estos, expresadas en el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional. Las mociones del PP y Ciudadanos repiten como un mantra que España es una Grande y Libre Nación (así, con muchas mayúsculas), como si la repetición rítmica en forma recitativa fuera a convertir este hecho en una realidad. Las del PSOE apelan al amor a Cataluña. El tono es más amistoso, es cierto, pero lo que necesitamos es negociar con las cartas boca arriba, cargos públicos socialistas, y no sólo mantener el afecto.

Supone una tremenda irresponsabilidad política de los dos grandes partidos y sus socios fomentar un debate sobre la independencia catalana pensando exclusivamente en las elecciones generales de diciembre y apelando exclusivamente al inmovilismo. La Constitución Española es una norma aprobada con gran consenso en un momento político muy concreto: un momento de crisis económica mundial, deslegitimación de las instituciones políticas franquistas junto a ruido de sables y amenazas golpistas del ejército de “los que habían ganado la guerra civil para algo” y violencia política y terrorismo y represión policial en la calle. En ese contexto se negoció una norma suprema que, en cuanto a la cuestión territorial, primaba algunos aspectos que debían contentar a los que en ese momento seguían controlando el aparato del estado, a saber: la unidad de España es vigilada por el ejército; el Jefe del Estado sería el Borbón de turno y heredero de Franco, y la descentralización territorial sería por el método de “opción”, en principio pensado para sólo cuatro comunidades autónomas (eufemismo para no hablar de poder federal y poderes federados), con competencias mínimas que podrían irse completando mediante ley de transferencias. Además de esto, se estableció un régimen de modificación constitucional enormemente rígido, lo que dificulta su reforma muchísimo.

Este estado de cosas ha obligado a negociaciones entre todas las comunidades autónomas que optaron por serlo y el gobierno central para poder desarrollar su autonomía, hasta los límites que la segunda generación de estatutos de autonomía ha encontrado en el Tribunal Constitucional (Cataluña, Andalucía). Hay que recordar que Convergencia es un partido encantado de negociar con PP y PSOE y no ha sido la punta de lanza del deseo de secesión de los catalanes, sino más bien el oportunista muro de contención de las aspiraciones secesionistas de estos mientras protegía los intereses del gran capital catalán y se llevaba el 3%. A este paso, debido a la política de tensión y anuncio de catástrofes que están llevando a cabo irresponsablemente los partidos citados en todo el territorio, no va a quedar interlocutor suficientemente representativo en Cataluña con quien negociar, gracias principalmente al cortoplacismo e inmovilismo del PP, pensando exclusivamente en apretar las filas de su electorado antes de las elecciones generales, desconsolado al comprobar que su registrador de la propiedad ni siquiera conoce el código civil y la constitución española. Negar el deseo de independencia de los catalanes e impedir una vía legal para la libre expresión de ese deseo por el consenso en el contexto de 1978, es repetir viejos errores de nuestra historia que nos llevan a un callejón sin salida.