El Gobierno y la Fiscalía Superior de Cantabria han analizado el despliegue de la Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma, un nuevo modelo organizativo que la Consejería de Justicia prevé poner en marcha esta legislatura y que se plasmará en un decreto regulador de su organización y funciones. Con ese fin, se retomarán los grupos de trabajo para la elaboración de las disposiciones normativas necesarias para su implantación, lo que se producirá "a la mayor brevedad posible, en el marco de la futura aprobación del Pacto para la Justicia". Así lo ha informado este lunes la consejera, también titular de Presidencia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras presidir, junto a la fiscal superior de la región, Pilar Jiménez, la Comisión Mixta entre ambas instituciones.
Se trata del primer encuentro de coordinación celebrado esta legislatura y que, a partir de ahora, se reunirá con mayor periodicidad, cada seis meses, para reforzar las medidas de coordinación y analizar el grado ejecución de las actuaciones que se acuerden para la modernización de la Administración judicial.
Respecto a la Oficina Fiscal, Urrutia ha destacado las importantes mejoras que supondrá para la prestación del servicio público de la Fiscalía, poniendo fin "a una década de retraso" en su implantación en Cantabria, señala el Gobierno en un comunicado. Jiménez ha defendido el nuevo modelo, que es "más operativo" para hacer frente a las actuales necesidades del ministerio público, dando así cobertura a unidades de tramitación, especialidades y control de calidad. De hecho, tanto el Gobierno como la Fiscalía han coincidido en la necesidad de "desvincular" el desarrollo de la Oficina Fiscal de la Judicial.
"Las necesidades de la Fiscalía y los juzgados son distintas", ha remarcado Jiménez, quien cree que las áreas de apoyo y puestos intermedios son necesarios para mejorar el servicio público. Ante la solicitud de la Fiscalía de un mayor esfuerzo en el desarrollo del sistema gestión procesal 'Vereda', que implicaría, además, un incremento en la formación de los usuarios, el Ejecutivo se ha comprometido a ir más allá e impulsar un foro con las comunidades autónomas que comparten dicho sistema para avanzar en nuevos recursos tecnológicos, mejorar la adaptación del sistema al trabajo de la Fiscalía y, en general, mejorar la prestación del servicio de la justicia en Cantabria.
Por otro lado, durante este encuentro, ambas partes han acordado el impulso de las funciones que realiza la Oficina de Víctimas del Delito, ubicada en Las Salesas, con nuevos protocolos en determinadas actuaciones en las que se especifiquen las funciones y servicios atribuidos. El objetivo es establecer un nuevo marco regulador que facilite un mayor uso de este recurso para las víctimas de un delito.
FONDOS EUROPEOS
En el encuentro se ha analizado además el alcance de las inversiones planificadas con cargo a los fondos Next Generation en la Administración de Justicia. Ambas instituciones han destacado el esfuerzo de la Dirección General de Justicia para la aplicación de todos los fondos europeos destinados a Cantabria en 2023, tiempo en el que se han ejecutado más de 6,9 millones de euros, el 99,93% de los asignados.
La mayor parte de la inversión se ha orientado a actuaciones de mejora de medios tecnológicos y en el sistema de gestión procesal y el Portal Profesional, "punteros en España", así como para el despliegue de la digitalización de los registros civiles, que ha comenzado este mes en los partidos judiciales de Castro Urdiales, Laredo y Santoña.
La fiscal superior de Cantabria ha abogado por contar con un presupuesto propio con una sección específica en los Presupuestos Generales del Estado en favor de la "transparencia". Por último, en la reunión han abordado el convenio entre Cantabria y la Fiscalía del Estado para facilitar que la Unidad de Inspección Fiscal acceda en remoto al sistema de gestión procesal autonómico con el objetivo de facilitar el ejercicio de sus funciones. La consejera ha señalado que este acuerdo estará listo en el primer semestre.
En esta reunión también han participado el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno, Juan Sáez Bereciartu, y fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado: la fiscal jefe, Esmeralda Rasillo, y la fiscal de este mismo departamento, Concepción Pedraza.
