El desmantelamiento del precario Estado del Bienestar, la degradación ambiental, y las profundas desigualdades sociales y territoriales – el aumento de la pobreza, la España vaciada, la subordinación del campo a la ciudad...– siguen siendo alimentadas por el creciente poder de los oligopolios y la impunidad del sistema financiero con su mortal reflejo en la discriminación fiscal del IBI o el IRPF, la subida escandalosa de la energía –la luz, los combustibles...– y el maltrato a los usuarios de los bancos con comisiones abusivas, cierre de sucursales y despidos masivos después de aquel multimillonario rescate con el dinero del Estado de la crisis que ellos mismos habían provocado. Unos oligopolios –cuyas iniciativas y negocios se extienden por los sectores productivos más rentables y trascendentales para el empleo y la satisfacción de la necesidades elementales de la mayoría de la población– que se han incrustado en organismos e instituciones de las Administraciones públicas y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial "regulando" los mercados en su propio beneficio y devaluando la labor de control de Tribunales y consejos con los bloqueos a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de RTVE y del propio Tribunal Constitucional, incapaces de contrarrestar las artimañas, tráficos de influencias, malversaciones, prevaricaciones y cohechos que, entre otras habilidades y subterfugios, han ido impregnando de corrupción las decisiones, resoluciones y sentencias que han rodeado los más diversos y trascendentales asuntos, dejando completamente al margen contrapesos tan urgentes como la introducción en todos los niveles de enseñanza de la Educación Ambiental, la Educación del Consumo, o del uso inteligente de las nuevas tecnologías para desenmascarar las realidades virtuales y profundizar en la conciencia ecológica de los límites del crecimiento, el mundo sin fronteras, la extinción de las especies, el cambio climático y tantos retos pendientes por resolver.
La situación se agrava por la predisposición favorable a los intereses de las élites empresariales en sectores clave de la economía y contra el bienestar de la mayoría
La situación se agrava por la predisposición favorable a los intereses de las élites empresariales en sectores clave de la economía y contra el bienestar de la mayoría de los españoles que se viene traduciendo en la devaluación social y ambiental con las privatizaciones, la servidumbres de las puertas giratorias y la defensa a ultranza de los beneficios multimillonarios en los mercados más rentables y que, en los últimos tiempos, se están vistiendo de "verde" y sin dosificación alguna, para explotar el marketing de "áreas recreativas y miradores rurales", los polígonos eólicos, los residuos, el abastecimiento de aguas, el turismo ecológico o el "crecimiento" sostenible de sectores que habían quedado al margen de la explotación ciega en la que siguen empeñados sus "benefactores", sin dejar de impulsar el consumismo más desaforado y el despilfarro generalizado de los recursos.
Y que en Cantabria continúan amparándose en las funciones decorativas que siguen desempeñando las leyes del suelo –y la LOTUCA como última aportación–, los planes de ordenación territorial –el POL, el PROT, la Red Natura 2.000, los espacios protegidos, la movilidad obligada o el turismo depredador...–, las Leyes de Carreteras, del Patrimonio y del Paisaje, y el incumplimiento sistemático de la economía circular y el principio de las 5 Erres –Reemplazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar– y de la normativa sobre evaluación de los impactos ambientales, o de las leyes estatales y comunitarias de Aguas, Montes, Costas, Hábitats, Biodiversidad o Ahorro y Eficiencia energéticas, mientras que paralelamente, necesidades tan básicas y prioritarias como vivienda, sanidad, geriatría, educación, pensiones, dependencia o numerosos servicios de alta demanda o imprescindibles han ido siendo cedidos a la iniciativa privada, bien directamente mediante adjudicaciones o concursos fraudulentos hechos a medida de sus beneficiarios o de Fondos Buitre, bien mediante las trampas de las llamadas externalizaciones que han profundizado más, si cabe, en las adjudicaciones de servicios o trabajos públicos –que, por su naturaleza y continuidad, deberían permanecer bajo la gestión de Ayuntamientos, Gobiernos autonómicos y los Ministerios competentes para garantizar su seguimiento y eficacia– Y que han acabado, también, contaminadas por el clientelismo, el tráfico de influencias o la pura arbitrariedad al margen del mérito, capacidad, publicidad e igualdad de oportunidades para los trabajadores contratados o recurriendo a sofisticados artificios contables para aumentar su margen de beneficios o justificar las ampliaciones presupuestarias de los organismos o entidades públicos que han optado por estos sistemas de gestión y actúan como disimulados intermediarios para actuar con mayor impunidad y descontrol, con la generalización del fraude fiscal y el derroche de las inversiones públicas.