Las políticas de austeridad frente a la Gran Recesión, que hace más de una década se propugnaron desde Bruselas y que el Gobierno central asumió como suyas, se replicaron de manera automática por parte del Gobierno de Cantabria a través de diferentes normas. La Ley 2/2012, de 30 de mayo, mediante la cual se ponía en marcha el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad, fue un ejemplo de estas políticas; implicó una serie de recortes que deterioraron la calidad de nuestros servicios públicos, y empeoró las condiciones laborales de quienes trabajaban en ellos.
A partir de 2015, los diferentes gobiernos de coalición habidos en Cantabria cumplieron a medias con lo prometido, revirtiendo poco a poco una mayoría de recortes
Las medidas que se aplicaron en el ámbito de la educación fueron muy duras. Cabe recordar, entre otras, la disminución de la presencia de las maestras en las aulas de Infantil de dos años, la flexibilización al alza de las ratios, el aumento de la jornada lectiva del profesorado de Secundaria, la eliminación en la práctica de la cobertura de las sustituciones, y la prohibición de la reducción de horas lectivas que disfrutaban los docentes mayores de cincuenta y cinco años. El enorme malestar generado en el conjunto de la comunidad educativa de Cantabria por dichas medidas provocó unas movilizaciones que, por su intensidad, duración y alcance, hay que calificar como de históricas. Quienes participamos de aquellas mareas de camisetas verdes, que por miles inundaban las calles de Santander, recordamos la presencia en ellas de la plana mayor de los partidos políticos que entonces estaban en la oposición. Siempre en lugares muy visibles de las manifestaciones, los líderes regionalistas y socialistas se comprometían ante los micrófonos de la prensa a defender la enseñanza pública, y revertir todos los recortes en el momento en el que volviesen a gobernar.
A partir de 2015, los diferentes gobiernos de coalición habidos en Cantabria cumplieron a medias con lo prometido, revirtiendo poco a poco una mayoría de recortes. Una de las medidas más dolorosas de aquel fatídico 2012, la que afectaba al disfrute de una reducción de la jornada lectiva del profesorado de más edad, sigue, a día de hoy, sin derogarse. Durante años, los diferentes responsables de Educación y muy especialmente la actual consejera, argumentaban que nada podían hacer al respecto hasta que el parlamento de Cantabria no legislase, es decir, hasta que no se derogase el artículo de la Ley 2/2012 que prohibía de forma expresa la reducción de horas lectivas de los docentes de más de cincuenta y cinco años. Ahora, en la tramitación de los Presupuestos Generales de Cantabria, el Grupo Popular presentó una enmienda para derogar el citado artículo. Si ya resulta paradójico que quienes legislaron este recorte hace una década intenten corregirse a sí mismos, no es menos chocante el rechazo de regionalistas y socialistas a esta enmienda que daría cumplimiento a lo que prometieron solemnemente cuando estaban en la oposición. Hasta ahora, tal y como se vio en la votación en la comisión parlamentaria, el grupo regionalista ha estado muy condicionado por el criterio de la Consejería de Educación, lo que no habla precisamente bien de la separación de poderes, ni de la sinceridad de la consejera cuando justificaba su inacción escudándose detrás de una ley. Veremos a ver qué ocurre en el Pleno. De la actitud del grupo socialista, subordinada a los intereses del socio mayoritario de gobierno, mejor no hablar.
Una medida de esta naturaleza, con lo que acarrea de creación de más empleo en el sector educativo público, tiene un coste aproximado de unos cuatro millones de euros
Convendría precisar que la derogación del artículo que prohíbe una reducción de jornada lectiva para los docentes de más edad, simplemente implica posibilitar una negociación a la que se ha negado con una excusa legal el departamento de Educación, es decir abrir la puerta a poder recuperar, vía diálogo sindical, un derecho que se perdió hace diez años. Estos momentos de cambios profundos en el sistema educativo, con la implantación de un nuevo currículo que está suponiendo un sobreesfuerzo para el profesorado, requerirían de gestos de reconocimiento hacia los enseñantes. El gesto de mayor simbolismo, quizás, sería dignificar la labor de quienes más han dado a la docencia, los más mayores, recuperando un derecho que tan dolorosamente se llevó por delante la austeridad. Una medida de esta naturaleza, con lo que acarrea de creación de más empleo en el sector educativo público, tiene un coste aproximado de unos cuatro millones de euros, lo que, en un presupuesto récord de Educación que supera los seiscientos millones, no parece ningún dispendio. No es, por tanto, un tema presupuestario, es simplemente una cuestión de prioridades y de juegos partidistas. Se equivoca el Gobierno de Cantabria al no considerar prioritario mejorar las condiciones de trabajo del profesorado a través de una medida tan deseada como ésta, y se equivocan los grupos parlamentarios con un tacticismo político que impide, incomprensiblemente, el consenso entre Gobierno y oposición en algo en lo que ambas partes deberían estar de acuerdo.