La Audiencia Provincial de Cantabria también ha rechazado que Novo Banco se auto avale a sí mismo, por su posible responsabilidad en la presunta estafa millonaria de un exempleado de la sucursal de Santander a decenas de clientes.
El tribunal respalda así la decisión de la jueza que instruye la causa, que ya exigió a la entidad portuguesa que la fianza impuesta sea otorgada por un tercero, y tras lo que ha presentado una de su filial de banca electrónica, que no está autorizada para avalar en España.
Ante este aval, que pasa de los 19 millones de euros iniciales a 22, al personarse tres nuevos perjudicados, partes personadas han anunciado su intención de recurrir, en tanto que otras respaldarán los recursos que se interpongan, han informado a Europa Press.
Por lo demás, la instrucción sigue avanzando lentamente, con la declaración en los últimos meses de afectados por la supuesta estafa y peritos del banco y de perjudicados, y continuará este mes con más declaraciones.
Novo Banco tiene la doble condición de acusación y responsable subsidiario en este proceso, seguido contra Jacobo Vidal, extrabajador en oficina de Santander que supuestamente estafó cerca de 50 millones de euros a casi 80 clientes.
Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad que dirige la causa exigió la fianza a Novo Banco por su posible responsabilidad en este caso, en el que el principal implicado está siendo investigado por presunta administración desleal, falsedad en documento mercantil y estafa.
El propio sospechoso denunció los hechos a la Fiscalía y los admitió ante la magistrada, pero implicando también al banco al asegurar que sabía lo que hacía pero carecía de "controles" y "miraba para otro lado" por los beneficios que su actividad le reportaba.
DENUNCIA DE JACOBO VIDAL
Este caso se destapó a principios de 2020 cuando Jacobo Vidal -que permanece en libertad- trasladó a la Justicia las supuestas irregularidades cometidas cuando trabajaba en la oficina de Novo Banco en Santander.
La instrucción se inició con la práctica de una serie de diligencias, entre ellas informe del patrimonio del denunciado, embargo de sus bienes y rentas, su declaración en calidad de investigado o el requerimiento a la entidad de la documentación e información relativa a las operaciones realizadas.
En paralelo a la investigación, la entidad ha mantenido conversaciones con clientes afectados para tratar de mitigar los efectos causados, y ha defendido que la cuantía supuestamente estafada está "muy alejada" de la manifestada por el procesado, como así se desprendería de un informe independiente aportado a la causa.
