El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles el decreto que regula la concesión directa de Sistemas Digitales Interactivos (SDI) a centros privados sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Cantabria que imparten formación regulada. Se trata de las pizarras digitales adquiridas con fondos europeos que finalmente no se instalaron en las aulas de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria de los centros públicos, y que la Consejería de Educación decidió destinar a los centros concertados con alumnos "en situación de vulnerabilidad socioeconómica".
Según recoge el decreto, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 21 de marzo, el requisito que se exige a los centros concertados para adquirir dichas pantallas es tener un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Cada centro beneficiario recibirá un SDI por cada unidad concertada en los cursos de tercero a sexto, ambos incluidos, de la etapa de Educación Primaria, y de primero a cuarto, ambos incluidos, de ESO. Los SDI SMART Board (modelo SBID-MX075-V4) objeto del presente decreto han sido adquiridos por el Gobierno de Cantabria dentro del Proyecto #EcoDigEdu, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto en el BOC.
STEC
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha rechazado en nota de prensa el "desvío" de pantallas digitales a centros privados concertados y ha acusado al Gobierno cántabro de "justificar desesperadamente una política que no se ajusta al espíritu de los fondos europeos de recuperación". En opinión del sindicato mayoritario del profesorado de Cantabria, se trata de "una normativa creada 'ad hoc' para tratar de encajar legalmente lo que es una anomalía en el contexto europeo: el desvío de recursos necesarios en la red pública, para sostener o dotar negocios educativos privados".
Cree que el Ejecutivo autonómico "intenta perfilar a los centros privados concertados en distintos marcos de vulnerabilidad social, difícil de fiscalizar y que corren el riesgo de retorcerse, para encajar en el acceso a las pantallas".
STEC ha recordado que llevan meses solicitando informaciones y explicaciones de la Consejería sobre necesidades educativas y de atención a la diversidad, que les "siguen negando a día de hoy, facilitando la opacidad en cuestiones como esta". Además, ha apuntado que "buena parte de los centros privados concertados se caracterizan por atraer alumnado de lejos de su entorno, por lo que estas subvenciones no necesariamente van a corregir la despoblación o pobreza infantil municipales, tal y como se intenta justificar".
Finalmente, el sindicato ha valorado que "estas políticas contribuyen a perpetuar el papel de determinadas fundaciones privadas en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, heredada de tiempos pretéritos en que estaban excluidos de la educación formal, cuando debiera apostarse por su inclusión educativa el sistema de todas y todos".
Por esta razón, desde STEC insisten en que "estos recursos hacen mucha falta en los centros de la red pública (destinatarios originales del programa) para la atención a la diversidad", y ha rechazado su desvío a la privada.
