Ayer se aprobó por fin, la Ley de Memoria Democrática, algo en lo que llevábamos muchos años de retraso. Tanto como los que llevamos en esta “democracia plena”. La memoria es el mejor presente y futuro de una sociedad libre. Con esta ley avanzamos en muchas cuestiones que no son pequeñas, una de ellas, el repudio y la condena en la ley del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad. Otra, por citar un par solo, La declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista. Y fueron muchas, por ejemplo, al caso de Salvador Puig Antich, de Chato Galante y de tantos y tantas personas que fueron torturadas, vejadas y asesinadas. Esta ley es de todas ellas.
Durante toda la dictadura española, la represión fue un elemento intrínseco e inherente al entramado fascista. Esa represión comienza en el marco violento de la Guerra Civil y continúa durante toda la existencia del régimen de Franco como herramienta de absoluto control con el fin de atemorizar y de intimidar a la población, para aplacar cualquier intento de cuestionamiento, enfrentamiento o resistencia. En la última etapa franquista hay un intento de mostrar una cara más “amable” de la dictadura para atraer al turismo y beneficiarse de ayudas económicas extranjeras. Esa ilusión de “normalidad”, no fue sino un espejismo. Los turistas nórdicos tomaban el sol en la Costa del Sol, disfrutando del lema “Spain is different”, de la paella, el vino, los toros. Y se escuchaba flamenco para acallar los gritos de tortura que salían de las comisarías: los gritos de Enrique Ruano, que había sido detenido por arrojar panfletos de Comisiones Obreras, y a quien la policía defenestró en 1969 desde un séptimo piso; los gritos de Cipriano Martos, militante del FRAP muerto en 1973 después de haber sido obligado a ingerir el contenido de un cóctel molotov durante su detención a manos de la Guardia Civil; los gritos de los miembros del FRAP ejecutados en 1975; los gritos de los torturados en siniestras comisarías, como Chato Galante, como tantas otras personas anónimas que sufrieron los abusos, la violencia o la muerte; los gritos de Salvador la mañana del 2 de marzo de 1974 al ser ejecutado. La muerte de Salvador Puig Antich sirvió a la dictadura, además, como amenaza, ejemplo y escarmiento tras la muerte de Carrero Blanco. Fue utilizado como chivo expiatorio de manera consciente. No se cometió un error. Deliberadamente la dictadura lo proclamó culpable, sin pruebas y lo asesinó. El régimen franquista se había visto debilitado tras un golpe enorme y necesitaba reafirmarse, mostrar dureza. “La dictadura nació reprimiendo y matando y murió matando y reprimiendo”. Se trataba, pues, de demostrar a la población que el sistema era fuerte y no iba a tolerar ningún ataque. La represión había sido y seguía siendo una constante, un arma idónea, intrínseca e inseparable del aparato dictatorial.
Quizá todavía perdura en muchos ámbitos del poder la añoranza hacia épocas pasadas
Tras la muerte de Franco, se podría pensar que la represión desapareció, al igual que desaparecieron de este país de un día para otro los franquistas. Pero por algo se dice que Franco dejó todo “atado y bien atado”. En la democracia española, tan nueva, tan prometedora, entre 1976 y 1977 mueren cuarenta y ocho personas a manos de los cuerpos policiales. En una época en la que Manuel Fraga era el ministro responsable de las fuerzas del orden. El 3 de marzo de 1976 cinco trabajadores fueron asesinados en Vitoria a manos de la policía, en una masacre que no se investigó. En 1981 tres jóvenes son brutalmente asesinados por la Guardia Civil en el llamado “Caso Almería”; en 1985 Mikel Zabala es asesinado en un cuartel de la Guardia Civil; los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un grupo de terrorismo de estado, torturaron y asesinaron al menos a 27 personas durante la década de los 80.
Las hermanas de Salvador Puig Antich continúan luchando para que se haga justicia, si bien, no encuentran más que puertas cerradas. Y aunque la justicia española ha contado con múltiples ocasiones para tratar de esclarecer qué sucedió realmente, siempre ha optado por apoyar la decisión que hace casi 50 años tomó un tribunal militar franquista. Quizá todavía perdura en muchos ámbitos del poder la añoranza hacia épocas pasadas.
Desde aquí, con esta ley, reconocemos derechos y honramos a los y las víctimas, a todas esas cunetas llenas de nuestros abuelos y abuelas, nuestro homenaje a todas aquellas personas demócratas republicanas que pusieron el cuerpo y dieron la vida por defender nuestro país, que lucharon, vivieron y murieron por nuestra libertad.
Por ellos y ellas seguimos y seguiremos peleando y diciendo alto y claro que aún queda camino por recorrer y que nunca dejaremos de gritar, verdad, justicia y reparación.
Porque fueron, somos. Porque somos, serán.