El 20 de mayo de 2011, a dos días de las elecciones municipales y autonómicas, en la acampada de la Puerta del Sol se aprobó un documento con dieciséis propuestas de los manifestantes. Los allí presentes no querían solamente impugnar las políticas que les habían hecho salir a la calle sino que querían participar de forma activa, proponer y construir un camino alternativo. Querían ser partícipes de su propio futuro y "no mercancías en manos de políticos y banqueros".
El documento desgranaba dieciséis propuestas concretas. El 76% de los ciudadanos consideraba que sus reivindicaciones son más que razonables y reconocían el derecho democrático a luchar por ellas, en tanto que un 7% se mostraba en contra de estas protestas, según el estudio de Ipsos Public Affairs sobre Cantidad y calidad de apoyos al Movimiento 15M. Además, el 68% de la población respaldaba el movimiento, un porcentaje que ascendía al 75% en el caso de los jóvenes, según Metroscopia.
Los allí presentes no querían solamente impugnar las políticas que les habían hecho salir a la calle sino que querían participar de forma activa, proponer y construir un camino alternativo
Han pasado cinco años desde aquella explosión, desde el sueño que está removiendo los cimientos del bipartidismo y del régimen del 78, y ninguna de sus demandas han sido resueltas por los gobernantes. Ni por los últimos meses del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ni tampoco por los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular.
Hay demandas, como en el tema de la vivienda, en el que el Gobierno de Rajoy sí ha legislado, pero obviando las demandas ciudadanas como la ILP de la PAH. En otros casos, el movimiento ha conseguido situar el debate en el centro de la agenda política y mediática, pero no se ha atacado a las raíces que demandaba el movimiento. Es el caso de la lucha por la regeneración, contra la corrupción o por la transparencia. Y en otros, como en la denuncia de la precariedad laboral, la situación no ha hecho más que empeorar con una reforma laboral aún más dura que la anterior.
El impacto del 15M, en cambio, sí se ha hecho notar en las políticas municipales, sobre todo de las grandes ciudades, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015 que supusieron la llegada de los 'ayuntamientos del cambio'. Las candidaturas ciudadanas surgidas del entorno del 15M y construidas alrededor de Podemos y de otros sujetos que preconizan el cambio, han situado a la agenda política del movimiento en la lista de prioridades de las corporaciones municipales. Sin embargo, para cumplir con las reclamaciones del movimiento se necesita de las las competencias del Estado.
En estas condiciones, cuando el debate se sitúa entre los conceptos de renovación del sistema o ruptura democrática, de crisis de régimen o de protesta cíclica, de deslegitimación de las élites políticas y económicas o de crisis de las instituciones, y en un contexto en que los jóvenes marcan un fuerte distanciamiento de los dos principales partidos, el futuro a corto y medio plazo y la legitimidad del sistema que nació de la Transición pasa hacer efectivas unas reclamaciones que han gozado del apoyo de una mayoría social.
El impacto del 15M, en cambio, sí se ha hecho notar en las políticas municipales, sobre todo de las grandes ciudades
El documento que aprobó la Asamblea de Sol el 20 de mayo de 2011 podría resumirse en los siguientes puntos:
1. Cambio en la Ley electoral
El cambio de la ley electoral fue una de las reivindicaciones clave del 15M. La petición de listas abiertas y circunscripción única, donde todos los votos valieran lo mismo y donde los ciudadanos pudieran elegir al representante que más se ajustara a sus deseos. Cinco años después, la ley electoral sigue siendo la misma. El debate, eso sí, se ha introducido en la agenda de medios y desde los principales partidos se han hecho propuestas.
2. Vivienda: Dación en pago
La segunda propuesta del documento que aprobó la Acampada Sol se titulaba Atención a los derechos básicos y reivindicaba el "derecho a una vivienda digna y que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda". La burbuja inmobiliaria acababa de hacercrack y sólo hasta 2011 se habían producido 328.687 desahucios. La respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las exigencias del movimiento y de la PAH fue crear un Código de Buenas Prácticas que en ningún caso sería de obligatorio cumplimiento para la banca y que recoge tímidamente el derecho a la dación en pago en caso de que así lo decidiera el banco.
3. Sanidad pública, gratuita y universal y refuerzo de una educación pública y laica
La Sanidad pública no sólo no se vio reforzada sino que según un informe del Ministerio de Hacienda reflejaba que en 2013 el gasto sanitario de las administraciones públicas se había reducido en 9.933 millones respecto a 2008. Por otro lado, el Partido Popular aprobó el 16/2012 que introdujo el copago farmacéutico para los pensionistas y puso fin de la universalidad de la asistencia al vincular el derecho a la asistencia sanitaria con el aseguramiento y por ello excluir de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles. El Gobierno también metió la tijera en Educación provocando el aumento del ratio de alumnos por clase, el cierre de bibliotecas, eliminación de becas y ayudas, repago en Formación Profesional, reducción de becas erasmus, subida de tasas universitarias y subida del precio de las guarderías.
4. Reforma fiscal
En aquel documento del 15M establecía como una de sus principales peticiones la "reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y la implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales". La acción del Gobierno del Partido Popular fue completamente opuesta a las demandas del movimiento. Se aprobó una reforma del IRPF que grababa las rentas del trabajo y beneficiaba a las grandes fortunas y rentas de capital. Por otro lado, también se subió el IVA que merma el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de los que menos tienen.
5. Eliminación de los privilegios de la clase política
Los privilegios de la clase política es uno de los temas que el movimiento consiguió situar en el centro del debate político. La medida estrella en este sentido del Ejecutivo del Partido Popular fue la reducción de un 5,6% del sueldo vitalicio de los expresidentes. Otra de las grandes demandas fue terminar con los aforados de tal manera que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley.
6. Verdadera regularización de las condiciones laborales
En este punto, las peticiones del movimiento 15M y las acciones del Gobierno del PP no podían estar más alejadas. Las reformas laborales de los Ejecutivos del PSOE y del PP han ahondado aún más en la "flexibilización" de las condiciones y el abaratamiento del despido, unas condiciones que han precarizado aún más las condiciones de los trabajadores.
7. Listas libres de imputados, transparencia de las cuentas y financiación de los partidos
La propuesta de unas listas limpias de imputados y condenados por corrupción es la que más aceptación ha tenido en todos los partidos políticos. El movimiento pedía, sin embargo, que este extremo estuviera reflejado en la Ley Electoral. Un deseo que no se ha cumplido. No obstante, los partidos han evitado presentar en sus listas a políticos que estén siendo investigados por la Justicia por temas relacionados con la corrupción. Para la historia quedarán listas como las que se presentaron en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 en las que hubo hasta un centenar de políticos implicados en casos de corrupción. Sólo se libraron UPyD y el PNV.
Por otro lado, el 15M reclamó una Ley de Transparencia que garantizara el acceso a la información pública. El Gobierno del PP aprobó una Ley de Transparencia con el único apoyo de los partidos nacionalistas PNV y CiU. El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y la mayoría del grupo mixto votaron en contra porque consideran que la Ley quedaba lejos de ser un instrumento útil para "combatir eficazmente la corrupción".
8. Desvinculación entre Iglesia y Estado
El movimiento pedía que se hiciera efectivo el artículo de la Constitución que se refiere a la aconfesionalidad del Estado de manera que la Iglesia Católica dejara de recibir fondos públicos y tuviera que pagar el IBI como el resto de vecinos. El Gobierno del Partido Popular, por contra, no ha puesto en marcha ningún proyecto para acabar con los privilegios de la Iglesia católica en materia hipotecaria y financiación o recortar los gastos que supone para el erario público.
9. Cierre de las nucleares y promoción de las renovables
Durante el Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó que la central nuclear de Garoña continuara funcionando hasta 2018 cuando el Gobierno de Zapatero había fijado el 6 de julio de 2013 como fecha para su cierre. Respecto a las renovables, la acción del Ejecutivo no ha sido bien recibida ni por empresas del sector ni por ecologistas.
10. Recuperación de las empresas públicas privatizadas
La recuperación de las empresas públicas privatizadas no ha conseguido ni entrar en el debate. El Gobierno, de hecho, apostó por la política de externalizar servicios en leyes que afectaron a las televisiones autonómicas y a la Sanidad, entre otros asuntos. Además, el Ejecutivo abrió la puerta a privatizar la red de Adif en la nueva ley ferroviaria.
