El Gobierno de Cantabria ha recurrido la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que, aplicando la nueva normativa en materia de Costas, reduce de 75 a 5 años la duración de las concesiones de terrenos de dominio público marítimo-terrestre existentes antes de la última modificación de la ley.
El Consejo de Gobierno de esta mañana ha ratificado esta decisión del Ejecutivo, que quiere con ello cumplir el compromiso trasladado por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a los afectados por este cambio normativo, a quienes señaló que les apoyaría en todo lo "humana y jurídicamente posible".
El objetivo es defender sus derechos frente a la resolución del Ministerio que, para el Gobierno cántabro, "de forma arbitraria pone en peligro explotaciones agropecuarias de pequeño tamaño, pero de valor para la economía local y sostenibles desde el punto de vista medioambiental".
Con este requerimiento previo a la vía contencioso administrativa, el Gobierno defiende las reivindicaciones de la Junta Vecinal de Carasa, el Ayuntamiento de Voto y de los 50 propietarios de 11 explotaciones ganaderas afectadas por esta resolución del departamento de la ministra Teresa Ribera.
A juicio del presidente de los afectados por la ley de Costas y la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas, este documento es "una cacicada" e "incumple la igualdad de trato" con respecto a otros concesionarios, en Cantabria y en el resto del país, a quienes se les ha prorrogado el plazo por otros 75 años, como venía ocurriendo hasta la modificación de la ley de Costas.
También el presidente de la Junta Vecinal de Carasa, Jesús San Emeterio, ha agradecido el apoyo del Gobierno "sin precedentes" para entre todos intentar "echar atrás" esta decisión del Ministerio.
El Gobierno central tiene un plazo de un mes para resolver este requerimiento previo a la vía contenciosa-administrativa del Gobierno de Cantabria contra la resolución.
