La comunidad autónoma de Cantabria ha interpuesto recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE.
Así figura en un anuncio publicado este miércoles por el TS en el Boletín Oficial del Estado, mediante el cual se abre un plazo de nueve días para que se puedan personar en el proceso las partes interesadas.
El recurso contra la 'reválida' de Primaria se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Supremo.
Cantabria rechaza la 'reválida' en 6º de Primaria que el Ministerio de Educación quiere "imponer" este curso y se suma así a otras comunidades autónomas que recurren o recurrirán para derogar o paralizar su aplicación, al considerar que esta "falsa evaluación" es "claramente innecesaria, inoportuna e impuesta en pleno período electoral y rotundamente rechazada por la comunidad educativa".
En un comunicado conjunto previo a la presentación del recurso, se dice que el Ministerio quiere "obligar" a las comunidades autónomas a diseñar, aplicar y corregir "unos exámenes -que no evaluaciones-" al alumnado que finaliza la Educación Primaria, y lo quiere hacer "sin consenso y sin consultarlas como es preceptivo".
Los exámenes que se establecen en el Real Decreto no constituyen, a juicio de la Consejería de Educación de Cantabria, ningún tipo de evaluación porque en Primaria debe ser continua, formativa, orientadora y global, mientras lo que se propone es examinar únicamente sobre dos de las siete competencias a desarrollar en esta etapa, ha sostenido.
"Muy difícilmente se podrá obtener a partir de ellas alguna información relevante del alumnado, distinta de la que ya se refleja en los informes que realizan los maestros que están en contacto con el alumnado a lo largo de toda la etapa", ha afirmado la Consejería.
Por ello, estiman que supone un "cuestionamiento de la profesionalidad del profesorado que imparte esta etapa, e incluso de los equipos directivos de los centros y de la Inspección de educación, al recurrir a profesorado externo para dar validez a estas pruebas".
Otros motivos añadidos para el rechazo a esta evaluación se basan en la "alteración" que puede suponer para el calendario escolar y los ritmos de trabajo en los centros, en el peligro de establecer rankings de centros ordenados según los resultados de la misma, y en "el coste elevadísimo e innecesario" de la prueba, ya que el Ministerio no "ha establecido la financiación suficiente para la realización de dichos exámenes".
