Algo está ocurriendo en el seno de la educación concertada en Cantabria. Durante los últimos meses ha ido creciendo el número de despidos de profesores en algunos de estos centros educativos de la Comunidad, lo que ha generado “mucho miedo” en el profesorado. “Bastantes despidos” que, en varios casos, son improcedentes, pero que se solucionan con un acuerdo extrajudicial gracias al cual “no tienen repercusión”.
Uno de estos casos se ha dado en el colegio Castroverde. Miguel Pi, presidente del comité de empresa por UGT en el centro, ha reconocido a este diario que se han producido “varios despidos por cambios de reestructuración del centro”. Uno de los últimos, según ha explicado, ha sido “por causas justificadas” si se tiene la actual ley en la mano, pues “alegan que no pueden asumir la subida de sueldo y deciden despedirla”.
La propia situación del representante de UGT como profesor ha ido siendo cada vez más complicada con el paso de los años. “Ha habido persecución hacia nosotros”, ha declarado, al tiempo que reconoce que desde hace seis años, cuando fue elegido delegado sindical, “hay cosas que no me cuadran”. Su oposición a determinadas decisiones ha hecho que tuviera “cada vez más problemas”, sobre todo cuando fue nombrado profesional liberado por UGT Cantabria.
“Está habiendo bastantes despidos, pero como se llega a acuerdos no tienen repercusión. Es preocupante”, ha valorado Pi
Fue entonces cuando Castroverde decidió reducirle el contrato casi a la mitad de horas “dos días después” de que comunicara su nueva condición. “Me negué a firmarla, denunciamos, fuimos a Orecla y no quisieron negociar”, por lo que en el juicio posterior el colegio perdió al ser un “caso clarísimo de tutela judicial”. Tras la sentencia, el centro le mantuvo las 18 horas para, “a la semana siguiente”, restar tres horas “sin poner a nadie”, por lo que “los chavales no tenían clase”.
Los alumnos se convierten, de este modo, en las víctimas de una política que responde más a una “estrategia de empresa pura y dura” que a una decisión en la que tengan en mente el bienestar o la educación de los estudiantes. De hecho, el despido de la profesora de Castroverde se produjo el 23 de diciembre, una vez iniciada la dinámica del curso.
Despidos improcedentes
El caso de Castroverde no es el único. De hecho, Pi asegura que es algo que afecta “a la educación concertada en general”. En este sentido, ha recordado el caso de cuatro profesores despedidos en el colegio Mercedarias que “se opusieron previamente a otros despidos” que iba a haber en el centro.
La dirección del centro solucionó la situación con los trabajadores en Orecla. Según el representante de UGT, la empresa privada “asumió que eran despidos improcedentes y pagaron”, algo que contrasta con el argumento que utilizan en muchas ocasiones: “no hay dinero, hay déficit”, pero se destinan “20.000 o 35.000 euros para pagar” estos despidos improcedentes. De los profesores, dos han logrado recolocarse, pero los otros “siguen sin encontrar trabajo después de 30 años de profesión y habiendo sido jefes de estudio”.
“Está habiendo bastantes despidos, pero como se llega a acuerdos no tienen repercusión. Es preocupante”, ha valorado Pi, quien ha reconocido también que “hay mucho miedo entre los profesores” al estar produciéndose “despidos de modo muy irresponsable”, pues a pesar de que puedan ser declarados improcedentes y las empresas paguen lo que corresponda, “siguen en el paro”.
Y es que, con la actual legislación, el representante de UGT reconoce que es difícil que un juzgado declare nulo un despido. Para que tenga esta consideración señala que “tiene que ser una situación como la mía, alguien con enfermedad o una embarazada, pero para el resto nunca lo haría”.
La Consejería, que paga los salarios de los profesores, reconoce tener constancia de los despidos, pero al ser una "relación contractual" entre empresa privada y los trabajadores "no se controla"
Entre los profesores existe la teoría de que se están mandando directrices desde organizaciones empresariales como Escuelas Católicas, pues el modo de actuar es similar en todos los casos. “Son modelos que se aplican en diferentes colegios. Llegan a Orecla y pagan el despido”, ha afirmado, pues alguien en la empresa “se da cuenta de que no les necesita” después de esos 30 años de trayectoria profesional.
Postura de la Consejería
Y ante todo esto, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, encargada de pagar a los trabajadores en los centros concertados, parece no reaccionar. Como ha revelado Pi, estos casos se han puesto en conocimiento de la Consejería y de la Inspección Técnica, pero la respuesta que han recibido es que “son empresa privada, por lo que no se pueden meter”, aunque en su opinión “algo tendrá que decir siendo un centro mantenido con fondos públicos”.
Fuentes de la Consejería consultadas por este diario han dado una respuesta similar, reconociendo que, en efecto, tienen constancia de los cuatro despidos en Mercedarias y del ocurrido en Castroverde, pero al ser una “relación contractual” con una empresa privada solo se tiene conocimiento, “no se controla la relación entre el centro y los trabajadores”. “Me sorprende que la Consejería no haga nada. Cierta vigilancia deberían ejercer”, ha opinado Miguel Pi.
Nivel de los estudiantes
Y mientras esta situación se desarrolla sin que se tome alguna medida, Cantabria registra algunos de los peores datos en enseñanza. A mediados de enero un informe de Cambridge University Press España revelaba que solo el 10% de los ciudadanos de la Comunidad asegura tener un nivel de inglés alto o muy alto. Es, junto con Extremadura, el más bajo del país, en claro contraste con Madrid y Cataluña, que con un 31% y un 27% serían las autonomías con un mayor nivel.
Esto sitúa a Cantabria, además, muy lejos del promedio nacional (22%), donde se situarían comunidades como País Vasco y Aragón, estando muy cerca Asturias, Navarra, Murcia y Canarias.
El documento, que se basa en un encuesta a 2.670 personas de Alemania (412 entrevistas), Italia (401), Francia (403), Dinamarca (403) y España (1.051), muestra las diferencias de nivel entre los ciudadanos de estos países, entre las distintas autonomías y también la evaluación que hacen de sí mismos acerca de su conocimiento de este idioma.
Asimismo, el estudio indica que “los puntos flacos” en el método de aprendizaje de este idioma son la capacidad de expresarse correctamente, la pronunciación y la comprensión oral.
Con todo, el informe “deja lugar a la esperanza”, pues señala que los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años son los que declaran un mayor conocimiento de inglés.
