miércoles 16.10.2019
URBANISMO

Comienza el derribo de las viviendas ilegales en el Alto del Cuco, la "barbaridad” urbanística del PP

Una sentencia del TSJC y del Supremo obligan a la regeneración ambiental de la zona que ocupan las 214 viviendas, uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria en Cantabria.

Díaz Tezanos lamenta que se "deja por el camino muchas personas afectadas", y considera que Ignacio Diego y el PP "deberían asumir alguna responsabilidad".

El derribo de las viviendas en el Alto del Cuco ya han comenzado
El derribo de las viviendas en el Alto del Cuco ya han comenzado

Han pasado doce años desde aquel primer paso que el PP dio en el Ayuntamiento de Piélagos para construir una urbanización de 400 viviendas en lo que se conoce como el Alto del Cuco. Doce años de procesos judiciales que, como ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, se han prolongado durante los cuatro años en los que el PP de Ignacio Diego ha estado al frente del Ejecutivo. Pero este viernes, por fin, se ejecutan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y del Tribunal Supremo, y comienzan las labores de demolición de las 214 viviendas construidas de forma ilegal, que durarán seis meses.

Dos máquinas conducidas por operarios de la empresa pública Tragsa han sido las encargadas de comenzar las labores ante la presencia de medios y autoridades, entre las que estaban Díaz Tezanos; la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio; y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz.

El proyecto para construir estas viviendas nació en 2004, cuando el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el ‘popular’ Jesús Ángel Pacheco (que ha estado 22 años en el cargo) decidió dar luz verde a la operación a pesar del informe en contra de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), dependiente del Gobierno, que entonces ocupaba el bipartito PRC-PSOE. Tres años después, en 2007, llegaba la primera sentencia del TSJC, una de muchas, que daba la razón a ARCA, una de las partes personadas en la causa.

Con el derribo de las viviendas se pone fin a “una de las muchas barbaridades que el PP llevó a cabo”, y que “deja por el camino muchas personas afectadas”

Es por ello que Díaz Tezanos ha opinado que con el derribo de las viviendas se pone fin a “una de las muchas barbaridades que el PP llevó a cabo”, y que “deja por el camino muchas personas afectadas”, además de destruir una “importante inversión privada”. Una urbanización que, según sus propias palabras, “nunca debió hacerse”.

Para la vicepresidenta regional el cumplimiento de las sentencias solo puede tener “un punto de vista positivo”, pues se termina con unas “viviendas ilegales que el PP autorizó”, y que se aprovecharon de la liberalización del suelo aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 1998.

Responsabilidades

Asimismo, Díaz Tezanos ha recordado que “cuando el bipartito llegó el proceso estaba paralizado”, pues el Gobierno de Diego había estado “meses sin responder a los requerimientos” judiciales para ejecutar no una, sino dos sentencias, que obligaban a su demolición y a la regeneración ambiental de la zona.

“El Gobierno PRC-PSOE tienen la firme voluntad de ejecutar la sentencia”, ha afirmado la dirigente socialista, y ha opinado que “el PP e Ignacio Diego deberían asumir alguna responsabilidad”, pues “no puede ser que salga tan barato estas irregularidades”, cuando "protegió" a los "claros responsables".

Respecto a la subasta del terreno para construir nuevas vivienda anunciada por la constructora, Martinsa Fadesa, actualmente en fase de liquidación, Díaz Tezanos ha afirmado que es necesario esperar al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en fase de alegaciones y revisión. “Es muy aventurado decir si va a haber nuevas viviendas”, ha afirmado, pues el proyecto debe además adaptarse al Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Dos máquinas están trabajando en los derribos del Alto del Cuco

Derribos

La vicepresidenta regional ha explicado que los derribos de estas 214 viviendas, que durará seis meses, tendrán un coste de 1,1 millones de euros, mientras que el resto del proyecto costará 3,7 millones, que pagará el Gobierno y que, en cuotas anuales durante 10 años, devolverá el Ayuntamiento de Piélagos.

Respecto al resto de derribos que están previstos en la región, Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno de Cantabria está haciendo una “gestión real de las sentencias de derribo”, abonando los daños morales y el coste de algunas viviendas a los afectados. “De un año a esta parte se ha pasado de la teoría a hacer cosas”, ha afirmado.

El Gobierno de Diego había estado “meses sin responder a los requerimientos” judiciales para ejecutar no una, sino dos sentencias

Por su parte, la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, ha reconocido que este derribo deja un “sabor agridulce”, pues se cumple con la decisión judicial pero “sale caro al Ayuntamiento”. “Exigir responsabilidad patrimonial es el siguiente paso”, ha afirmado.

Responsabilidades patrimoniales

Precisamente la depuración de las responsabilidades patrimoniales es lo que ha exigido Izquierda Unida de Astillero, cuyo portavoz, Rubén V. Carrillo, ha calificado este viernes como “un día histórico”, pues el Alto del Cuco es “el emblema de la época de la burbuja inmobiliaria en Cantabria: un atentado paisajístico que consistió en cortar un monte en un espacio de especial protección para construir un grupo de viviendas, totalmente desintegradas de cualquier núcleo preexistente”.

IU, que afirma en un comunicado que no va a bajar la guardia para que la regeneración urbanista se lleve a cabo de forma correcta, ha exigido “responsabilidades políticas y patrimoniales que se derivan de la ejecución de la sentencia”. “Todas las personas que apoyaron y permitieron el Plan Parcial deben asumir sus responsabilidades políticas, empezando por los concejales que aprobaron dicho Plan el 23 de marzo de 2004, y que aún conservan su acta: José Manuel Alegría, Eva Arranz, Celestino Cobo y José Antonio Castañeda. Por decencia política, deberían dimitir”, ha señalado Carrillo.

Asimismo, se ha preguntado “¿por qué debe pagar la ciudadanía de Piélagos los 3,7 millones de euros que va a costar la regeneración del monte?”, si bien serán primero todos los cántabros quienes abonen dicha cuantía.

“Estamos hablando de la ejecución de un Plan Parcial fomentado por una empresa privada y apoyado por personas concretas, con nombres y apellidos, igual que aquellas que concedieron las licencias. En consecuencia, exigimos al equipo de Gobierno que estudie todas las vías para que quien la hizo, la pague, y para que no cueste ni un euro a las vecinas y vecinos de Piélagos”, ha afirmado en el comunicado.

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