El próximo 3 de mayo el Juzgado de Primera Instancia de Laredo celebrará una audiencia previa del juicio por la demanda que el Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera ha interpuesto contra la pareja de la diputada de Cs en el Parlamento de Cantabria, Marta García, propietaria de la ganadería Val del Mazo.
En concreto, y como según ha podido saber este medio, la denuncia se debe a que el ahora denunciado no ha reintegrado al Grupo el pago indebido de una ayuda concedida en 2010, ascendiendo la deuda hasta los 17.895,64 euros. La pareja de la diputada de Ciudadanos en Cantabria es un empresario cuya actividad se desarrolla en servicios agrícolas y ganaderos, y figura dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como “apoyo a la agricultura”.
Los hechos se remontan a diciembre de 2009, según el expediente 058 del Programa LEADER 2007-2013 consultado por eldiariocantabria.es. En esa fecha, la pareja de la diputada de Cs solicitó al Grupo de Acción Local una ayuda para un proyecto de creación de ‘Empresa de desbroce con animales’. Comenzaron entonces los pasos hasta la aprobación de la ayuda por la Junta Directiva del Grupo en abril de 2010, firmándose el contrato el 3 de mayo de ese mismo año.
En concreto, la ayuda total abonada fue de 28.582 euros. El control de dicha ayuda siguió los cauces habituales, certificándose hasta en dos ocasiones (una a finales de 2010 y otra en abril de 2011) y realizándose los correspondientes pagos.
Pero a partir de este momento comenzaron a detectarse problemas con la gestión de estas ayudas. En primer lugar, la auditoría interna del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013 detectó ciertas “anomalías en las certificaciones” que había realizado el Grupo de Acción Local de esas ayudas. El expediente fue revisado por la propia Consejería de Desarrollo Rural, cuya sección de Diversificación Rural llegó a realizar una comprobación presencial en febrero de 2012.
Este proceso concluyó que se habían realizado “pagos indebidos”, lo que generó un procedimiento para recuperar esas cantidades que no se habían justificado correctamente. El importe total a reintegrar por parte de la pareja de García es de 17.895,64 euros, de los que 10.372,30 euros se adeudan al Gobierno de Cantabria, y el resto a los ayuntamientos que integran el Grupo de Acción Local (Voto, Bárcena de Cicero, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Ruesga, Arredondo, Soba, Valle de Villaverde, Guriezo, Liendo, Solórzano, Riotuerto, Entrambasaguas, Ribamontán al Monte y Hazas de Cesto).
En mayo de 2017, la Junta Directiva del Grupo de Acción Local acordó dar comienzo a la “acción de repetición”, requiriéndole de este modo el reintegro de esa cantidad. Dicho pago no solo no llegó a realizarse, sino que el denunciado presentó recursos contra la resolución de la Consejería para evitar esa deuda, algo que nunca llegó a lograr: en marzo de 2020 la Dirección General de Desarrollo Rural ratificaba su decisión y acordaba recuperar la cantidad, que ya había sido abonada por el Grupo de Acción Local.
En base a esta resolución, la Junta Directiva decidió continuar con los requerimientos e iniciar la acción judicial que fuese necesaria para recuperar la cuantía de forma íntegra, algo que se produjo el 17 de noviembre de 2021 con el registro de la demanda de juicio ordinario en los juzgados de Laredo.
