martes 22.10.2019
ANTICORRUPCIÓN

Detenidos cinco empresarios por el caso Villarejo, entre ellos los cántabros Ángel y Álvaro Pérez-Maura

Son hijos de una exvicepresidenta de Alianza Popular en Cantabria y primos segundos de la actual presidenta del Banco Santander.

Ángel Pérez-Maura
Ángel Pérez-Maura

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha desarrollado hoy miércoles un operativo instado por la Fiscalía Anticorrupción por el que han sido detenidas cinco personas, entre ellas los empresarios cántabros Ángel y Álvaro Pérez-Maura, relacionadas con un pago de 10 millones de euros al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. El objetivo del pago era frustrar la extradición de uno de los arrestados, Ángel Pérez-Maura. Junto a él y su hermano Álvaro han sido detenidos los empresarios Adrián De la Joya y Francisco Javier Soucheiron, así como el abogado Enrique Maestre, únicas personas a las que afecta la operación que también ha conllevado registros en domicilios y empresas, según informa la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

Ángel y Álvaro Pérez-Maura son hijos de Jaime Pérez-Maura y Elena García Botín. Jaime Pérez-Maura, segundo hijo de los duques de Maura, fue un empresario del sector marítimo dedicado a la consignación de buques y a las terminales de contenedores, mientras que Elena García Botín fue vicepresidenta de Alianza Popular en Cantabria y diputada de este partido en el Congreso por la circunscripción de Cantabria de 1986 a 1989. La abuela materna de Ángel y Álvaro Pérez-Maura, Elena Botín Sanz de Sautuola, era hermana de Emilio Botín Sanz de Sautuola, que fue presidente del Banco Santander, por lo que Ángel y Álvaro Pérez-Maura son primos segundos de la actual presidenta del banco, Ana Botín.

Se trataba de conseguir que una mercantil obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores

Los hechos se enmarcan en la pieza Pit del caso Villarejo, que investiga los pagos que éste recibió para intentar frustrar la extradición a Guatemala de Pérez-Maura en el año 2016, cuando el país le reclamaba acusado de pagar una comisión de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 entre otros al presidente y la vicepresidenta guatemaltecos para garantizarse una adjudicación. Se trataba de conseguir que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. Anticorrupción investiga en este contexto la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario Villarejo y en particular su mercantil A. Pérez y Cía S.L. para impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura, "así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España". El expediente de extradición se abrió en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el 27 de abril de 2016 y fue archivado hasta en dos ocasiones por falta de la documentación necesaria que debían enviar las autoridades guatemaltecas. Finalmente, el empresario compareció en febrero de 2018 y se negó a ser extraditado argumentando entre otras cosas que es nacional español. La cuestión quedó en manos de la Sala de lo Penal, que tras una vista celebrada el 21 de mayo de aquel año acordó denegar la entrega a Guatemala.

En el comunicado, Anticorrupción destaca que la investigación no atañe a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que era fiscal de la Audiencia Nacional en aquellos momentos y de "quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición". Esto ya fue aclarado por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando en 2018 se difundió que una de las gestiones de Villarejo a cambio del dinero que habría recibido de Ángel Pérez-Maura podría haber consistido en influir en ella a través del exjuez Baltasar Garzón para conseguir parar el procedimiento.

En cuanto al resto de los detenidos, destaca Adrián de la Joya, conocido como el amigo de la Jet Set y que está imputado en el caso de corrupción Lezo e investigado por haber mediado en el pago de comisiones para adjudicaciones de obra pública. Su nombre también salió a relucir en la instrucción del caso Pequeño Nicolás, puesto que sería una persona próxima a Villarejo.

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