La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cuatro por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Estas seis personas, bajo la apariencia de legalidad de una empresa dedicada al cuidado de mayores a domicilio y servicio doméstico, explotaban a sus trabajadoras de origen extranjero, que carecían de permiso de trabajo y estancia legal en España.
En la operación 'Zimersa', la Guardia Civil constató una estrategia muy agresiva de expansión, que llegó a tener sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, y además tenía prevista la apertura de nuevas sedes en otras provincias.
Su actividad consistía en captar mujeres y adoctrinarlas. Estos trabajos se llevaban a cabo en localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos, de forma que las contratadas tuvieran dificultades para relacionarse con otras o personas. Buscaban un perfil que denominaban "buenas trabajadoras", mujeres de carácter dócil y calladas, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y con una situación muy precaria en su país de origen, por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.
El cabecilla y gerente de la empresa contaba con la colaboración de responsables de las distintas sedes (Salamanca, Asturias, Cantabria y Valladolid). Impartía instrucciones a estas colaboradoras para llevar a cabo las entrevistas, entre ellas, que no debían aceptar mujeres que no mantenían la mirada en la entrevista o que fueran esquivas en sus respuestas.
A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los cometidos contratados, sino que dicha identidad pertenecía a otras trabajadoras que sí se encontraban en situación regularizada. De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban la normativa.
Los detenidos e investigados las aleccionaban y advertían de cómo se debían comportar en el caso de que fueran identificadas en controles policiales, y les impedían ir a centros médicos y hospitalarios si no era acompañadas por miembros de la empresa. Incluso les obligaban a identificarse ante los contratantes con otras identidades correspondientes a personas que sí se encontraban de alta en la Seguridad Social.
Una vez finalizada la primera fase de la investigación con la correspondiente autorización la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol (Asturias), el 25 de enero se llevaron a cabo entradas y registros en las cuatro sedes de la empresa, así como en dos domicilios particulares. Se detuvo al gerente de la empresa y cabecilla, así como de su pareja sentimental. También se tomó declaración como investigadas no detenidas a las cuatro personas encargadas de cada una de las sedes.
A todos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal. En los registros han participado como especialistas en la materia miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Salamanca y Valladolid coordinados por la de Asturias. La investigación continúa abierta dado que se está analizando toda la documentación intervenida en los registros.
