El pasado 22 de febrero la Policía Nacional entraba en la sede de la Consejería de Obras Públicas por presuntas irregularidades en adjudicaciones. Una operación que terminó con la detención de dos personas y de varias empresa implicadas en el caso de 'carreteras'.
Días después del registro, la jueza decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el principal encausado, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, entendiendo que existía "un importantísimo riesgo de fuga" y considerando la gravedad de los supuestos hechos. Además de esto, la trama acusó a varias empresas que prestan sus servicios en la región como es el caso de Rucecan, La Encina, Cannor o Api Movilidad.
Seis meses después de salir a la luz todo sobre el caso 'carreteras' de Obras Públicas, las empresas implicadas en la trama continúan trabajando y logrando contratos en distintas Administraciones de Cantabria. Y es que la Justicia rechazó a fecha de junio de este verano prohibir la contratación a las empresas implicadas en esta trama.
NUEVO GOBIERNO
El pasado mes de agosto el nuevo Gobierno formado por los 'populares' aseguraban que daba comienzo una auditoria para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Servicio de Carreteras Autonómicas, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
En cuanto a las investigaciones, se extenderán a los últimos 20 años con el objetivo de verificar que los procedimientos de gestión económico-financiera en materia de contratación pública se han desarrollado de conformidad con las normas.
Para llevar a cabo la auditoria, el Gobierno cuenta con tres interventores a tiempo completo y, tal y como aseguraba el consejero Media, se informó a los trabajadores “para que colaboren al máximo y aporten toda la documentación” requerida para la causa.
