miércoles 21/10/20
CANTABRIA

Una empresa vinculada a la trama Púnica cobró del Ayuntamiento de Reocín

La sociedad CGI, investigada además en la operación Termyca, fue contratada ‘a dedo’ por el anterior alcalde del PP, Miguel García Cayuso.

El objeto del contrato era recuperar facturas impagadas, pero cobró 68.293,31 euros, entre otros conceptos por identificar deudas que ya habían prescrito y no podían ser reclamadas.

El Ayuntamiento de Reocín
La empresa CGI fue contratada 'a dedo' por el Ayuntamiento de Reocín en enero de 2015

La empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI) aparece vinculada a la trama Púnica, la red de sobornos y contratos ‘a dedo’ en su ramificación de Madrid, y a la reciente operación Termyca, en la que se ha detenido a una docena de personas en casi 50 ayuntamientos. Y precisamente un concurso negociado sin publicidad es lo que ha permitido a esta firma especializada en el cobro de facturas impagadas llevarse del Ayuntamiento de Reocín casi 70.000 euros por deudas que ya han prescrito.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la empresa fue contratada en enero de 2015, cuando en el Consistorio gobernaba el alcalde del PP Miguel García Cayuso, a través de uno de estos contratos ‘a dedo’. El objetivo era conseguir recuperar 1,5 millones de euros que se debían al Ayuntamiento desde 1996, para lo que, según fuentes de la corporación municipal, el contrato contemplaba que CGI cobraría presuntamente el 5% de todas las facturas recuperadas.

Lo llamativo se produce cuando la empresa presenta un informe en el que señala que un alto número de esas facturas ya han prescrito. La cantidad que el Ayuntamiento no podrá recuperar asciende a un total de 731.676,27 euros, en una corporación cuyo presupuesto supera los cinco millones de euros, y que tiene una deuda total de prácticamente esa cantidad. En el posterior Decreto 518/2015, de 23 de diciembre, cuando ya es alcalde el regionalista Pablo Diestro, se da por prescrita esta deuda que contempla conceptos desde 1996 hasta 2011.

CGI cobraría presuntamente el 5% de todas las facturas recuperadas, pero recibió 68.293,31 euros por unas deudas ya prescritas

Pero por esta labor, es decir, por señalar facturas que no puede recuperar, CGI sí recibió la parte que se le debía. Concretamente, en el Decreto 39/2016, de 3 de febrero, se da la orden de pago directo de esas facturas por importe de 68.293,31 euros. En esa cantidad se incluiría tanto importes ya prescritos como los de otras facturas que, efectivamente, sí pudo cobrar.

Esa cuantía supone, además, una irregularidad en el concurso negociado sin publicidad que el PP realizó con CGI, pues supera el mínimo legal de 60.000 euros para los contratos de servicio, que obliga a utilizar un procedimiento negociado público. Además, y en base a la cantidad de 1,5 millones que a priori debía de recuperar, el contrato de CGI contemplaba, en cualquier caso, una suma muy superior a la estipulada legalmente.

La empresa, que se sostiene con un entramado de al menos ocho sociedades, ha obtenido contratos en muchos ayuntamientos, con especial predilección en Cataluña. Su participación en la Púnica se produce por una serie de pagos sin especificar el concepto que el Ayuntamiento de Valdemoro, en Madrid, realizó a CGI entre 2007 y 2013, y que asciende a casi tres millones de euros. En el caso de Reocín el concepto es ‘Realización de trabajos de apoyo a la inspección tributaria del Ayuntamiento de Reocín”.

Licencias urbanísticas impagadas

El Decreto de Alcaldía número 518/2015, de 23 de diciembre de 2015, sobre la prescripción de la deuda tributaria de Reocín, incluye un desglose de las facturas impagadas y que el Ayuntamiento ya no podrá recuperar. La mayoría de los más de 90 conceptos que se recogen en el listado, entre 1996 y 2011, hacen referencia a servicios de agua, basura y alcantarillado, IBI o impuestos de actividades económicas.

Sin embargo, lo más llamativo son las licencias urbanísticas impagadas que se suceden año a año hasta 2007. En total, 447.594,96 euros por conceder licencias de obra para construir en el municipio que, posteriormente, no se han cobrado.

Según fuentes consultadas por este diario, esto puede deberse a la emisión de facturas en el momento de la concesión que, posteriormente, podrían no haberse cobrado porque el interesado no ha recogido la licencia y, por tanto, no se ha llevado a efecto el objeto de la misma. Lo que resulta especialmente significativo es que dichos conceptos, que suponen más del 60% del total de la deuda prescrita, aparecen en el listado entregado a CGI como facturas a cobrar, y por el que la empresa recibió la cantidad antes señalada.

Entrando en el detalle del listado, destacan los 351.289,50 euros en licencias urbanísticas adeudados en 2007, que es, con mucho, la cantidad más elevada de toda la lista, aunque no es la única. En 2006 se adeudaron 29.829,77 euros por el mismo concepto, y 30.841,12 en 2005. A estas cifras se suman las facturas impagadas de 2002 (18.796,21 euros) y de 2001 (11.491,18) como algunas de las más elevadas de la lista, todas ellas por licencias urbanísticas adeudadas.

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