Martes 13.11.2018
EDUCACIÓN

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia del padre de un alumno del Colegio Público Especial ‘Parayas’

José Miguel Silió denuncia al director y a la secretaria del centro, a una inspectora y al inspector jefe de Educación y a una directora general y al consejero del Gobierno de Cantabria por la “imposición” de la jornada lectiva continua y las “irregularidades e ilegalidades” cometidas para llevarla a cabo.

“Nuestro colegio tenía hasta ahora un modelo de enseñanza y unos horarios que creo que son los adecuados para unos niños que necesitan parones, cambios y descansos, por lo que no creo que haya que cambiarlos sólo por unas pretensiones laborales de sus profesores”.

Colegio Público Especial ‘Parayas’ de Maliaño, en el municipio de Camargo | CPE Parayas
Colegio Público Especial ‘Parayas’ de Maliaño, en el municipio de Camargo | CPE Parayas

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación después de que José Miguel Silió, padre de un alumno del Colegio Público Especial Parayas de Maliaño (municipio de Camargo) de 12 años de edad, denunciara la “imposición” de la jornada lectiva continua en el centro de educación especial y las “irregularidades e ilegalidades” cometidas para llevarla a cabo. El pasado 29 de agosto, Silió denunció ante la Fiscalía “la actuación llevada a cabo en el proceso de modificación de jornada escolar del curso 2018/19 para el Colegio Público Especial Parayas de Maliaño” por las siguientes personas: Agustín Bustamante, director del centro; María Ángeles Ortega, secretaria del centro; Isabel Arias, inspectora de Educación; Mauricio Ruiz, inspector jefe de Educación; Isabel Fernández, directora general de Innovación y Centros Educativos del Gobierno de Cantabria, y Francisco Fernández Mañanes, consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Y la Fiscalía ha comunicado la apertura de diligencias el pasado 31 de agosto.

“La educación en estos centros es el futuro de nuestros hijos, y aquí no hablamos de carreras sino de más o menos Dependencia”

Al Colegio Parayas acuden cada día unos 80 chavales, de entre tres y 21 años de edad, con necesidades especiales. Los más pequeños hasta ahora tenían clase lectiva de 09:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 –con dos horas para comida, aseo y ocio– y ahora van a tenerla de 09:30 a 14:00 –con una hora para comida y de 15:00 a 16:30, fundamentalmente con técnicos sociosanitarios, aseo, ocio y despedida–. Silió se ha reunido con parlamentarios de todos los grupos con representación en el Parlamento de Cantabria y asegura que “todos ven que es una locura meter una jornada continua a niños con necesidades especiales”. “La educación en estos centros es el futuro de nuestros hijos, y aquí no hablamos de carreras universitarias sino de más o menos Dependencia y de poder llevar una vida con sus padres mayores, y nuestro colegio tenía hasta ahora un modelo de enseñanza y unos horarios que creo que son los adecuados para unos niños que necesitan parones, cambios y descansos, por lo que no creo que haya que cambiarlos sólo por unas pretensiones laborales de sus profesores”, explica el padre del alumno, que además advierte de que “si esto va para adelante, detrás irán otros colegios especiales”. “En una hora no se puede ir a casa, comer y volver al colegio; además, por ejemplo mi hijo es también prediabético y no puede desayunar a las ocho y pico y no volver a comer nada hasta las dos y pico, algo que además les retrasa la merienda, la cena, etcétera”, añade. Por todo ello, Silió destaca que las actuaciones de los denunciados “van en contra no de mí sino de los intereses de menores, y de menores discapacitados”, por lo que también ha planteado a la Fiscalía la posibilidad de poner los hechos “en conocimiento de la Fiscalía de Menores”.

El padre del alumno reconoce que “en vez de con irregularidades e ilegalidades” esta modificación de la jornada escolar “podría haberse llevado a cabo de forma legal, y entonces ya entraríamos en la oportunidad o no de la disposición transitoria primera de la EDU/65/2010 (Orden que regula la organización y el funcionamiento de los colegios de educación ordinaria de Cantabria)”, disposición transitoria que establece que “hasta que la Consejería de Educación publique la Orden que apruebe las instrucciones que regulen la organización y funcionamiento de los centros públicos de educación especial”, la propia EDU/65/2010 “tendrá carácter supletorio para dichos centros”. “Están aplicando a un colegio especial normativa pensada y hecha para colegios ordinarios; que hagan ya una ley para los colegios especiales, que lleva ocho años sin hacerse”, reclama Silió, que insiste también en que “la Consejería no puede dejar hacer lo que le dé la gana a cada colegio, y menos aún en estos casos”.

La directora general de Innovación y Centros Educativos constató “el cumplimiento de todos los trámites legales y administrativos”

En su escrito ante la Fiscalía de Cantabria –al que ha tenido acceso eldiariocantabria–, Silió denuncia un total de siete “incumplimientos” de la normativa aplicable y reclama a la Fiscalía que “estudie los documentos” que aporta en la denuncia y “solicite responsabilidades en caso de apreciar mala fe en los mismos”, así como “la revocación” de la resolución, fechada el pasado 19 de marzo, en la que la directora general de Innovación y Centros Educativos del Gobierno de Cantabria, Isabel Fernández, constata “el cumplimiento de todos los trámites legales y administrativos, conforme se indica en el informe del Servicio de Inspección de Educación de fecha de 15 de febrero de 2018” y autoriza la implantación del horario continuado para el curso 2018/19 en el Colegio Parayas.

Silió explica a este diario que a principios del pasado mes de febrero los padres de alumnos del Colegio Parayas recibieron una carta en la que el equipo directivo del centro de educación especial les comunicaba que “a instancias de un grupo de profesores y con el apoyo del propio equipo directivo” se estaba trabajando en una modificación de horarios “para que las profesoras pudieran conciliar su vida familiar y profesional” y les convocaba a una reunión para el pasado 8 de febrero.

“Queda más que claro que la inspectora y el inspector jefe mienten en esta afirmación y saben que lo están haciendo”

Silió denuncia por un lado que la hoja informativa con la propuesta de modificación de la jornada escolar que el director del colegio entregó a los padres de alumnos en aquella reunión “no hace mención alguna a la jornada lectiva como es preceptivo” y por otro que la modificación propuesta “supone una reducción de la jornada lectiva y con ello un incumplimiento de normativa”. Silió asegura también que aquel 8 de febrero el director del colegio les anunció la existencia del preceptivo “informe favorable” del Ayuntamiento de Camargo, pero denuncia que dicho informe está fechado al día siguiente –el 9 de febrero– y tiene registro de entrada en el centro el 13 de febrero, es decir que el 8 de febrero no sólo no había entrado en el colegio sino que ni siquiera había sido emitido, por lo que “está claro que el director nos miente”. Pero es que además el informe final del proceso de modificación de la jornada escolar –fechado el 15 de febrero y firmado por la inspectora Isabel Arias y el inspector jefe, Mauricio Ruiz, y la inspectora de Educación Isabel Arias– da como probado que el centro “previamente a la votación puso a disposición de padres, madres y representantes legales la propuesta junto con el informe del Ayuntamiento durante un plazo de al menos cinco días hábiles (tratándose de un centro público, esa propuesta especificaba las consecuencias para el transporte escolar y el servicio de comedor)”. “Queda más que claro que la inspectora y el inspector jefe mienten en esta afirmación y saben que lo están haciendo”, asegura Silió.

En su denuncia, el padre del alumno detalla también supuestas irregularidades cometidas en el proceso de votación de la modificación de la jornada escolar –aprovechando además una modificación del artículo 23 de la Orden EDU/65/2010 llevada a cabo en noviembre de 2016 y que “permite modificar el horario de un centro con el voto de un solo padre”– y otras supuestas irregularidades en todo el proceso administrativo –“firmas a bolígrafo superpuestas a otras a lápiz y diferentes a pesar de corresponder a la misma persona”– y acusa a la inspectora Isabel Arias de haber querido “subsanar, con engaños y chanchullos, la ausencia de informes” preceptivos del Consejo Escolar.

El recurso de alzada que Silió presentó ante el consejero el pasado 12 de abril “sigue sin contestación” cinco meses después

El pasado 12 de abril, Silió presentó ante el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, un recurso de alzada contra la resolución –firmada por la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, y fechada el pasado 19 de marzo– que constata “el cumplimiento de todos los trámites legales y administrativos” y autoriza la implantación del horario continuado en el Colegio Parayas, recurso de alzada que cinco meses después “sigue sin contestación”, denuncia el padre del alumno.

Por todo ello, Silió denunció ante la Fiscalía a los cuatro empleados públicos, pues considera que han protagonizado un proceso “lleno de mentiras, irregularidades y desaciertos administrativos”, en el que primero “se manifiesta claramente la prepotencia de unos funcionarios que se ven con todo el poder de hacer lo que les venga en gana según sus intereses” y después “se pasa a intentar tapar y parar la denuncia de un padre y para ello no les importa saltarse la ley vigente, aportar unos documentos nuevos para nosotros y modificar otros, tratar de confundir sobre la ley vigente y sobre todo prevaricar administrativamente con un informe vinculante para la resolución donde se da como hechos probados falsedades sabiendo que lo son”. En cuanto a los cargos públicos, el padre del alumno ha denunciado a Isabel Fernández por “firmar unas instrucciones que vulneran la ley vigente y con fechas que no son” y tanto a ella como al consejero Mañanes “por no asumir el problema” y sobre todo “por no resolver el recurso de alzada, salvaguardando así las irregularidades e ilegalidades de sus funcionarios”.

Silió reconoce ante la Fiscalía que él es “simplemente el padre de un alumno”, pero asegura que en la reunión del pasado 8 de febrero “ya quedó patente el malestar de varios padres” con la propuesta de modificación de la jornada escolar y añade que si no ha sido posible realizar una reunión de padres, ha sido “por la negativa de la responsable del AMPA” y dado que “al acudir los niños al colegio en autobús, no hay un contacto de todos los padres”.

Comentarios