La directora de Política Social del Gobierno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, garantiza que en Cantabria “no puede producirse” un caso como el de Reus -que ha costado la vida de una anciana a la que habían cortado la luz-, pero el Gobierno autonómico no ha abonado a los ayuntamientos el fondo extraordinario de suministros básicos que asciende a 2 millones de euros, ha informado la Cadena Ser.
Han pasado ocho meses desde que Política Social, la Federación de Municipios y varias compañías eléctricas firmaron el convenio para evitar dejar sin suministro a las familias que no pueden afrontar el pago de los recibos. 50 ayuntamientos y seis mancomunidades han suscrito el protocolo pero a día hoy sólo se ha asistido a 25 familias, cuando, según los datos del propio Gobierno autonómico, hay cerca de 20.000 hogares en riesgo de pobreza energética. Rosana Alonso, trabajadora social del Ayuntamiento de Reocín, ha señalado a la Cadena Ser que el protocolo entrará en funcionamiento el próximo 25 de noviembre y “sin los 9.000 euros que corresponden al municipio y sin una relación directa con las eléctricas, Reocín no tiene garantías para evitar que le corten la luz a una familia”.
Por su parte, Méndez destaca que la Administración tiene “dinero suficiente para hacer frente a estas situaciones”, aunque reconoce que los ayuntamientos no han recibido la subvención, de lo que responsabiliza a los propios ayuntamientos por su “falta de coordinación”.
Hasta el momento, son 51 ayuntamientos los que ha suscrito el protocolo, que en Reocín comenzará a funcionar el próximo 25 de noviembre. A partir de entonces, toda familia que acredite por carta que la empresa suministradora va a proceder al corte, contará con asistencia: los servicios municipales remitirán un informe a las eléctricas y se harán cargo del coste para evitar cortes de luz o de gas.
