La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado ser objeto de una "persecución" por parte de la multinacional Celsa, a la que pertenece la factoría de Global Steel Wire, condenada judicialmente a readmitir a un delegado de este sindicato al que había despedido, según USO, utilizando para ello dinero público.
Así lo han dicho en rueda de prensa el secretario general estatal de Industria de USO, Pedro Ayllón, y la secretaria general de USO Cantabria, Mercedes Martínez, quienes han estado acompañados de la abogada Verónica Cruz, y que han dado a conocer la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Santander que ha declarado nulo el despido del sindicalista de GSW, Ismael Anievas, ocurrido el 15 de mayo tras repartir pasquines en la fábrica de Nueva Montaña.
Según Cruz, se trata de una "dura sentencia" que condena a la empresa de la inmediata readmisión del trabajador, el abono de los salarios que ha dejado de percibir desde su despido y a una indemnización de 9.000 euros.
La "demoledora" sentencia afirma que GSW "no quería bajo ningún concepto la aparición de USO en la planta de Santander", y ve "voluntad represiva" en la actitud de la empresa que con el despido pretendía "un aviso a navegantes" para evitar la constitución del sindicato.
La sentencia puede ser recurrida en un plazo de cinco días ante el Juzgado de lo Social pero desde los servicios jurídicos del sindicato opinan que la sala la confirmará, en caso de que la empresa utilice esta vía.
Anievas no ha sido el único despedido sino que también lo fue otro trabajador, cuya vista se celebrará próximamente. La abogada considera la citada sentencia de lo Social como un "antecedente lógico" para su caso.
Pero más allá de la sentencia, Ayllón ha subrayado dos elementos "importantes" que la diferencian de otras similares como son el hecho de que GSW había recibido un aval de "15,5 millones de euros" de fondos públicos "para obtener liquidez" de cara a la realización de inversiones industriales pero, según el sindicato, utilizó parte de este dinero para "despidos".
"Expulsó a dos sindicalistas con ese dinero", ha asegurado el responsable de USO, que ha insistido en que no solo se trata de dos despidos sino que éstos responden a una "estrategia torticera de la multinacional respecto a USO", que se extiende a la factoría de Celsa en Castellbisbal (Barcelona). "No es un hecho aislado sino que la multinacional persigue" a los sindicalistas que no son "correa de transmisión", ha dicho.
Ante estos hechos, Ayllón ha pedido al Grupo Celsa el cese inmediato de la directora de Recursos Humanos, Rosa María Castrillo, exdirectora general de Empleo de Cantabria, porque la sentencia la "invalida" para el cargo y "no es merecedora del puesto que ostenta".
Además, ha realizado un llamamiento a la multinacional para que "cambie de estrategia", "pare los ataques sistemáticos" a los delegados de USO y deje de ver a esta central "como un rival" y le trate igual que al resto de sindicatos.
El secretario general de Industria también ha censurado la "solidaridad social 0" que ha existido por parte del comité de empresa, que "no ha hecho nada para intentar revertir la situación" y la "0 ayuda" de los partidos políticos en el mismo sentido.
Finalmente ha considerado que es "una buena noticia para la plantilla de GSW que necesita una alternativa sindical nueva, sin hipotecas, que defienda de una manera honesta los derechos de los trabajadores".
Al hilo, ha reconocido el apoyo "no muy visible" -vía WhatsApp, por ejemplo- de los trabajadores a sus compañeros porque "no querían jugarse sus puestos de trabajo".
RESPONSABILIDADES DE DÍAZ TEZANOS
Por su parte, la secretaria general de USO ha acusado a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, de "mirar para otro lado" cuando se dirigió a ella el sindicato pues los despidos se produjeron solo un mes después de que la empresa hubiera recibido un aval del propio Gobierno "de 15,5 millones de euros para circulante".
Como también "miraron para otro lado" los grupos parlamentarios Podemos, Popular y Ciudadanos, y los sindicatos CC.OO y UGT y SCAM (Sindicato Cántabro de Asalariados del Metal). "Gobierno y legislativo miraron para otro lado; dan inversiones a las grandes empresas y no pasan nada", ha censurado.
En su opinión, "asistimos al chantaje de las grandes empresas, ávidas de recursos públicos, pero que campan a sus anchas porque nuestra clase política es torpe, pusilánime y fatua. Estos hechos ponen de manifiesto el paso atrás dado en nuestra autonomía, en nuestras instituciones, y es por ello que debe tener responsabilidades concretas e inmediatas".
En este sentido, la secretaria general de USO ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno "que asuma las responsabilidades políticas por su negligente actuación".
