martes 21.01.2020
VIVIENDA

Liberbank prevé desahuciar a una pareja de parados de larga duración este viernes en Santander

Stop-Desahucios convoca una concentración a las 09:00 horas de este viernes en el número 7 de la calle Enrique Gran: “Si no paramos el lanzamiento, tendremos a la familia en la calle”.

Zona de Santander donde está previsto el desahucio | Google Maps
Zona de Santander donde está previsto el desahucio | Google Maps

Liberbank prevé desahuciar a una pareja de parados de larga duración mañana viernes en Santander, según ha denunciado hoy jueves en un comunicado la plataforma Stop-Desahucios, que ha programado una movilización contra el desalojo. El desahucio, programado por el juzgado de Instrucción nº 5 de Santander para las 10:00 horas de mañana viernes en la céntrica calle Enrique Gran, tiene su origen en la denuncia presentada por Liberbank contra la pareja formada por Noemí y Andrés, de 46 y 29 años de edad. Andrés es pintor y Noemí ha trabajado en el sector de la limpieza, aunque “actualmente no trabaja ninguno de los dos y llevan en desempleo desde hace cinco o seis años”, por lo que “sobreviven gracias a una exigua renta básica de 430 euros y a las ayudas de familiares como la madre de Andrés, que es vecina en un piso de alquiler del mismo edificio”, ha informado Stop-Desahucios. Según ha informado la plataforma, a finales de 2017 la pareja entró a vivir en el piso, pues “a raíz de sus problemas económicos y después de agotar todos sus ahorros, no les quedó otro remedio”. El piso, que según Stop-Desahucios llevaba décadas deshabitado, es propiedad de Liberbank porque fue adquirido por Caja Cantabria en 2010 tras un proceso de ejecución hipotecaria. “Llevaba vacío más de 30 años”, asegura Andrés, que anteriormente vivió con su madre en otro piso del mismo edificio.

“Mañana viernes, 13 de diciembre, desahucian a las 10 de la mañana a Noemí y a Andrés. La plataforma Stop-Desahucios convoca a los medios de comunicación de Cantabria e informa de la movilización para parar el desahucio. Si no paramos el lanzamiento, tendremos a la familia en la calle”, ha advertido Stop-Desahucios, que ha informado de que el desahucio está previsto para las 10:00 horas en el número 7 de la calle Enrique Gran y ha convocado una concentración previa para una hora antes en el mismo lugar.

“Según las últimas reformas, habría que comunicar a los Servicios Sociales cuando existen casos de posible vulnerabilidad socioeconómica”

Stop-Desahucios había presentado a primera hora de la mañana de hoy un escrito solicitando la suspensión del lanzamiento. “Han existido algunas irregularidades, por ejemplo la falta de legitimidad de Liberbank para presentar la denuncia, ya que en el registro de la propiedad todavía figura Caja Cantabria. Ese sería un motivo de nulidad. También se ha solicitado la intervención de los Servicios Sociales. Según las últimas reformas, habría que comunicar a los Servicios Sociales cuando existen casos de posible vulnerabilidad socioeconómica. En este caso, se aplica lo que se llama el Derecho supletorio, es decir, que la legislación civil sustituya a la penal”, ha explicado Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma. Y es que según Stop-Desahucios a esa hora todavía existía alguna posibilidad de suspender el desahucio en vía judicial. “Las entidades bancarias suelen denunciar por usurpación porque los procesos penales son más baratos. Lo ético y lo más razonable desde el punto de vista jurídico sería que optaran por el procedimiento civil, ya que el sistema penal no está creado para practicar desahucios sino para otras cuestiones. De hecho, no hay normas específicas que avalen muchos de los desalojos practicados por los juzgados de instrucción. Y que se gane o no el juicio depende demasiado de la pericia del abogado de turno y de la sensibilidad del juez que toque”, ha asegurado Mazorra.

Stop-Desahucios ha denunciado asimismo “la negativa de la Oficina de Emergencia Habitacional a ayudar a estas familias”. “A pesar de que la Ley de Vivienda Protegida los ampara, dicha Oficina rechaza a precarios y okupas, sólo ofrece viviendas de alquiler social a las personas que sufren una ejecución hipotecaria o dejan de pagar el alquiler”, algo que para Mazorra no es comprensible: “El tema legal es importante, ya que la ley no establece diferencias entre afectados o entre procedimientos judiciales, lo cual sería discriminatorio e inconstitucional. Además, muchos de los llamados okupas no son tales, ya que proceden de antiguas ejecuciones hipotecarias o impagos de alquiler, así como de cesiones de inmuebles y de muchas otras circunstancias. Las vicisitudes de los precarios y los mal llamados okupas son un mundo mucho más complejo que lo que se visualiza en los medios. Sin embargo, lo más relevante es el tema humano: ¿qué hacemos con todas estas familias, muchas de ellas con menores y algunas con personas con discapacidad?, ¿las dejamos en la calle?”. “En este momento, sólo en la plataforma existen 17 casos –precarios, okupas y otras circunstancias similares– con riesgo inminente de desahucio por denuncias de las entidades bancarias. A todos ellos los rechazan las Administraciones Públicas, es una vergüenza”, ha concluido el portavoz de Stop-Desahucios.

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