viernes 30/10/20
TRIBUNALES

Nuevo varapalo al juez Acayro, al que anulan el auto del caso APD-2 por vulnerar el derecho de defensa

El juez Luis Acayro Sánchez
El juez Luis Acayro Sánchez

La Audiencia provincial ha anulado el auto que puso fin a la instrucción del caso APD-2 de Cotolino, dictado hace cinco años -junio de 2015- por el entonces juez de Castro Luis Acayro Sánchez, al entender que se ha vulnerado el derecho de defensa de uno de los acusados, el exarquitecto municipal Pedro Restegui, y ha acordado retrotraer la causa al momento previo a su declaración como investigado.

Acayro Sánchez imputó en este procedimiento a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presidida por el exalcalde Fernando Muguruza, así como a Restegui y otros dos técnicos, en total 12 personas, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística. Les imputaba la concesión de licencias de obra en contra del planeamiento y la pérdida de más de 36.000 metros cuadrados de suelo público valorado en 15 millones de euros.

Ahora, en un auto fechado el 15 de junio y consultado por Europa Press, la Sección Tercera estima íntegramente el recurso de Restegui, y declara la nulidad del auto de procedimiento abreviado sin entrar a analizar el segundo recurso, interpuesto por el exconcejal Salvador Hierro, ni el fondo del asunto. La Audiencia concluye que el juez instructor dictó de forma "prematura" el citado auto, de forma que causó indefensión material al recurrente, que "no fue ni tan siquiera mínimamente informado de los hechos que se le imputaban con anterioridad a su declaración en calidad investigado, ni tuvo tiempo material de examinar las diligencias sumariales".

Es la segunda decisión de este tipo en apenas una semana contra el juez Acayro. El pasado 11 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimaba parcialmente el recurso del Ayuntamiento de Castro Urdiales y anulaba el auto dictado en marzo por el titular del Contencioso nº 2 de Santander, el juez Luis Acayro Sánchez, que declaró nulo el acuerdo sobre Conservas Lolín adoptado por el Pleno el 4 de febrero y obligó a repetir el pleno durante el estado de alarma.

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