miércoles 23.10.2019
TRIBUNALES

Piden tres años de prisión para el gerente de un club de Santander que tenía a ocho extranjeros trabajando sin contrato

Audiencia Provincial de Cantabria
Audiencia Provincial de Cantabria

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para el gerente y propietario de un club de Ojáiz, en Santander, que tenía empleadas a ocho personas extranjeras sin contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la Seguridad Social y de las que dos carecían de autorización para trabajar en nuestro país. El hombre será juzgado por estos hechos el próximo martes, 24 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

El acusado "utilizaba en ocasiones a los trabajadores para ocultar su identidad, obligándoles a firmar contratos"

Según el escrito del fiscal, los ocho trabajadores eran "personas con situaciones económicas precarias, con obligaciones familiares en sus países de origen, sin cualificación profesional y con largos periodos en desempleo, circunstancias que el acusado aprovechaba para contratarles en condiciones claramente perjudiciales". El acusado, además, "utilizaba en ocasiones a los trabajadores para ocultar su identidad, obligándoles a firmar contratos".

Según el ministerio público, los hechos descritos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y merecen una pena de tres años de prisión, multa de 2.700 euros e inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de industria o comercio por tres años. Asimismo, considera el fiscal que procede la clausura del club por un periodo de tres años, aun cuando el mismo haya cambiado de nombre comercial.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar, a juicio del ministerio público, a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad correspondiente a las cuotas impagadas por los trabajadores que no estaban de alta en la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social ejerce la acusación particular y solicita la misma pena pedida por el fiscal.

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