La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de once años de prisión a un hombre de 45, acusado de abusar sexualmente de una menor, de 15 años, con la que había establecido una relación a través de una aplicación de Internet.
El juicio se celebrará el próximo viernes, 24 de noviembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
Según el ministerio público, el procesado "conocía en todo momento la edad de la chica" y, aprovechando la "mala relación" de la menor con su madre, la convenció para que fuera con él a Gijón, donde residía.
Ambos se fueron juntos al piso del acusado, donde mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal, aunque al ser la primera vez de ella, "le pidió que parase y así lo hizo". En los meses siguientes, siguieron con la relación y, para ello, el hombre facilitó dos teléfonos móviles a la menor, "para evitar así que su madre impidiera dichos contactos".
En una ocasión, cuando la chica se encontraba "en situación de crisis emocional, lo que le llevó incluso a dejar una carta de despedida para su familia", el procesado fue a recogerla a la 1:00 horas a su domicilio y se marcharon en coche a Gijón. Allí "mantuvieron relaciones sexuales orales y vaginales, sin utilizar preservativo, aprovechándose el acusado de la escasa edad de la menor y de su situación emocional".
Ante la denuncia por desaparición formulada por la madre de la menor y sabiendo que estaba siendo buscada, el acusado le pidió que "no relatara los encuentros sexuales mantenidos".
DELITOS Y PENAS
La Fiscalía considera al hombre autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de dieciséis años, merecedor de once años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a la víctima durante doce años, seis años de libertad vigilada e inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante dieciséis años.
Y en concepto de indemnización, considera el ministerio público que el acusado debe indemnizar a la menor con 12.000 euros por el daño moral padecido.
La familia ejerce por su parte la acusación particular, se suma a las peticiones de pena del ministerio público y eleva la indemnización solicitada a 15.000 euros.
