martes. 19.03.2024

Los pueblos son lugar de encuentro, diversión y celebración especialmente en los meses estivales, y en este espíritu jovial que atrae el verano juegan un papel muy importante sus fiestas populares. Estas celebraciones marcadas en el calendario tienen cada vez más dificultades para mantenerse activas año tras año. Las comisiones organizadoras de estos eventos se han topado con una nueva Ley cuyo “riesgo supera lo que se puede conseguir”, según indican los pequeños organizadores no profesionales. El 5 de abril de 2017 entró en vigor la nueva normativa de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, una Ley “pensada para empresas que hacen eventos para ganar dinero y no para asociaciones sin ánimo de lucro”, aseguran.

Una de las primeras víctimas que se cobró esta regulación en el 2018 fueron las fiestas de Cueto cuando la Asociación de Vecinos renunció a hacerlas al no poder asumir los requisitos económicos y de seguridad que esta nueva Ley obligaba. Dos años después, y con otras celebraciones que se han ido quedando por el camino, la lista de fiestas que se caen del tradicional calendario se engrosa con el reciente anuncio de la retirada de las fiestas de Tanos por la organización que llevaba desde el 2008 haciéndolas. 

"La ley entiende que para nosotros están trabajando los feriantes, el de la carpa… y como organizador también somos responsables de todo lo que hagan mal"

Una de las obligaciones que más daño hace a las asociaciones es la contratación de un seguro de responsabilidad civil que supone unos riesgos y unos costes altísimos. En el caso de la realización de espectáculos públicos o actividades recreativas en la vía pública o en otros espacios abiertos no delimitados requiere la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 300.000 euros de capital asegurado, según recoge la ley ya citada, elevado para los organizadores de este tipo de eventos no profesionales. Este contrato de seguro debe cubrir su responsabilidad civil por daños a los concurrentes y otros terceros que puedan ocasionarse como consecuencia de las condiciones de los establecimientos o instalaciones portátiles y del personal que preste sus servicios. De este modo, son los organizadores quienes responden también de los errores o accidentes de terceros, lo que desde Tanos consideran el mayor problema para ellos ya que “al final, como todas las fiestas, acabas contratando labores a terceros. La ley entiende que para nosotros están trabajando los feriantes, el churrero, el de la carpa… y tú como organizador del evento también eres el responsable subsidiario de todo lo que esas empresas hagan mal”. Esta es la principal razón por la que decidieron dejar de organizarlas este año. “Empezamos a hacer los planes de autoprotección, a tener mucha más vigilancia, más ambulancia, extintores, vallado… se empezaron a implementar un montón de cosas y hasta un primer momento creíamos que era solo hasta ahí”, aseguran.

“Nosotros como asociación sin ánimo de lucro avalamos con nuestro patrimonio personal. Entonces ante esa situación, si un tercero comete un error o tiene una desgracia o accidente, nuestro patrimonio personal vuelve a estar en el candelero”, afirma Juan Simón Pozueta, miembro de la Junta Directiva de las Fiestas de Tanos. “Nosotros nunca nos hemos planteado hacer las fiestas para sacar un rendimiento de ellas pero si haciéndolo todo, cumpliendo la normativa, asumiendo esa cantidad de dinero –el Ayuntamiento nos ayudó económicamente-, por causas ajenas todo es responsabilidad nuestra, volvemos a tener a nuestras familias, nuestras casas, y nuestras nóminas hipotecadas”. “No creemos que deba ser así. Si sale mal me quedo sin casa y sin nómina”, sentencia.

Por su parte, Pozueta considera que “la ley era necesaria para evitar cosas como lo ocurrido en el Madrid Arena pero creo que no han tenido en cuenta las fiestas que hacen las comisiones. Con esto no digo que no tengan que tener ninguna norma, pero sí que en el momento en que cumplimos todo lo que nos exige la norma, esa responsabilidad subsidiaria creo que no debería recaer sobre nosotros”. “Mientras sea así Tanos no puede asumir eso”, asegura.

"Es ahora cuando se están haciendo reuniones para calmar las aguas", afirma Ramírez

Tras la implantación de esta nueva ley se realizaron reuniones en municipios de la región para informar y aclarar dudas a las juntas vecinales y comisiones de fiestas sobre este asunto, que dejaba a estas organizaciones como las claras afectadas, algo que “se debería haber consensuado con los ayuntamientos y asociaciones antes de sacar la Ley”, apunta Juan Ramírez desde la organización de las fiestas de El Carmen de Revilla, declarada de Interés Turístico Regional. Unas fiestas que sí se podrán seguir realizando ya que, como fiesta grande, ya tenían muchas medidas de seguridad implantadas. “La Ley te exige un poco más, en nuestro caso por ejemplo, igual en lugar de 10 personas para seguridad te obligan a tener más, pero es algo que hemos ido incrementando a medida que crecía. Aunque sí es verdad que es un lastre para los presupuestos y especialmente para las fiestas pequeñas”, asegura Juan. “Para nosotros, me parece bien porque de cara al organizador está todo más cubierto, pero estos cambios de repente son complicados. Cuando salió no se contó con nadie y se podía haber hecho más flexible. Es ahora cuando se están haciendo reuniones para calmar las aguas”, afirma. “Tenemos la sensación de que se ha utilizado la normativa de otra Comunidad y se ha hecho un corta y pega pero no se ha contado con nosotros”.

La nueva ley regula también las condiciones técnicas de seguridad, salubridad e higiene, acústica y accesibilidad. Además, profundiza en las condiciones de solidez de las instalaciones portátiles o desmontables, estructuras eventuales y de funcionamiento de las mismas; la protección del entorno urbano y natural y del patrimonio histórico, artístico y cultural; las medidas de prevención y evacuación; y las garantías de las instalaciones eléctricas y térmicas. Otro de los requisitos que exige esta Ley es la obligación de implantar servicios de vigilancia y seguridad privada en caso de que el número de asistentes previsto supere unas cifras. Riesgos y costes elevados que, junto a las responsabilidades a terceros que entrañan, las asociaciones y juntas vecinales que impulsan las fiestas de pueblos y barrios en Cantabria no pueden asumir.

“Si sale mal, me quedo sin casa y sin nómina”
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