El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló los servicios mínimos fijados por la Consejería de Industria en la empresa Logic Move, subcontrata de Global Steel Wire, durante la huelga del metal de junio del año pasado.
Esa sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC el pasado mes de noviembre, estimó un recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que denunciaba que la resolución de Industria vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores. En esta línea, el TSJC consideró que la citada empresa no presta ninguna actividad "esencial" para la comunidad y que, por tanto, el Gobierno de Cantabria no tenía la facultad de imponer servicios mínimos en ella durante el desarrollo de una huelga. No obstante, la sentencia contó con un voto particular en sentido divergente al de la mayoría.
En concreto, la resolución judicial señalaba que la labor que hace Logic Move no es un servicio esencial para la comunidad sino un servicio de limpieza industrial que se presta para otra empresa. Ante ello, el Gobierno apuntó en su recurso que la normativa recoge dos escenarios proclives para la fijación administrativa de servicios mínimos: cuando la empresa en huelga preste servicios públicos o cuando preste servicios "de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad".
Y es este segundo caso el que defiende, aludiendo a la posibilidad de que surjan "accidentes, explosiones e incendios, entre otros sucesos, con la posibilidad de extensión de sus efectos a la colectividad y al medio ambiente", por lo que critica que la sentencia de instancia "no ha atendido a la protección de los derechos a la salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado por parte de la comunidad".
Así, tras aceptar el Supremo el recurso del Ejecutivo, será la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que ahora deberá determinar si la Consejería tenía o no la autoridad para fijar los servicios mínimos para la empresa atendiendo a esa protección de la salud y del medio ambiente.
