El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la orden por la que el Gobierno de Cantabria aprobó en 2019 el Plan de Gestión del Lobo, que contemplaba medidas para el control de las especie, posteriormente incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
En una providencia de fecha de 11 de mayo de 2023, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la sentencia dictada el 8 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ya avalaba la legalidad del plan, al desestimar el recurso interpuesto en su día por la misma asociación contra la orden por la que se aprobaba el indicado plan.
Además, han destacado que, "a pesar de que no tenga efectos en la situación actual de la especie, al incluirse el lobo en el Catálogo de Especies Protegidas y quedar prohibido su control, salvo las excepciones legalmente previstas, esta sentencia pone encima de la mesa, una vez más, el reiterado e injustificado acoso por parte de determinadas asociaciones a las administraciones, con el único fin de acabar con la caza y perjudicar al mundo rural".
Según ha informado el Gobierno de Cantabria, la sentencia considera que el recurso de ASCEL carece de fundamento al afirmar que el Plan de Gestión no cuenta con suficiente fundamento científico y avalado por estudios y no se pronuncia sobre el recurso al ser ya desestimado por el TSJC, cuya sentencia señalaba que la asociación partía de un escenario normativo "erróneo", al considerar en el momento en que se aprobó el Plan que el lobo era una especie especialmente protegida, mientras que, recuerda, la aplicación del Convenio de Berna en España incluía al lobo entre las especies protegidas del Anejo III, no entre las especialmente protegidas del Anejo II.
El órgano judicial cántabro alegaba en su fallo que el informe pericial presentado por el recurrente "realiza una serie de valoraciones subjetivas que parten de un escenario normativo erróneo, al ser esta materia, la jurídica, no susceptible de someterse a dictamen pericial y menos aún por una persona cuya ciencia es ajena al derecho".
El Supremo avala la sentencia del TSJC que afirma que ASCEL alegaba inexistencia de informes independientes que avalen el Plan o estudios "serios" sobre la incidencia de los controles en el medio natural, ante lo que el tribunal, tras analizar la documentación del Plan, señala que "existen estudios rigurosos referenciados en la memoria técnica, sin que de contrario se haya acreditado su falta de rigor".
"La propia orden que aprueba el Plan, tras exponer la normativa de esta especie cinegética clasificada de interés comunitario, recuerda la obligación de mantener un estado de conservación favorable, lo que implica que pueda condicionar su aprovechamiento cinegético en cotos de caza, hasta el extremo de no permitirlo", recordaba el TSJC en su sentencia. En este sentido, el artículo 3 del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria hace referencia de manera específica al mantenimiento de la población del lobo, y al seguimiento y estudio de las poblaciones, pasando por fomentar la recuperación del patrimonio etnográfico asociado al lobo.
Para el órgano judicial cántabro, los motivos que el recurrente ha desplegado frente el Plan apenas descienden al contenido de la Orden que lo aprobó, al no concretar los específicos preceptos que vulnerarían la normativa o los principios que invoca, solicitando su nulidad íntegra con independencia del concreto texto de la orden.
"ACOSO DE ASCEL AL GOBIENO"
En el comunicado, el Gobierno señala que, a pesar de que ésta decisión del Supremo no tenga efectos en la situación actual de la especie, al incluirse el lobo en el Catálogo de Especies Protegidas y quedar prohibido su control salvo las excepciones legalmente previstas, la sentencia "vuelve a poner de manifiesto el reiterado e injustificado acoso de ASCEL hacia la Administración regional".
Una opinión con la que coinciden la Fundación Artemisan y la Federación Cántabra de Caza, que se personaron en este recurso, en apoyo al Gobierno de Cantabria, al entender que la orden que aprobaba el plan de gestión del lobo era ajustada a derecho, y que han expresado su "satisfacción" por que el Supremo les haya vuelto a dar la razón, confirmando la legalidad del Plan.
El Ejecutivo, por su parte, ha señalado que ASCEL, a pesar de la postura de los tribunales, presentó una querella criminal contra el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, y el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, "por la política de muerte de lobos que Cantabria aplica y pretende seguir manteniendo, pese a que fue incluido en el listado de especies protegidas (LESPRE) y por lo tanto no está permitida su caza". Una querella que, una vez archivada por la Fiscalía, ha vuelto a ser presentada por ASCEL ante el juez.
La Consejería de Medio Ambiente ha precisado que los autos judiciales responden a una demanda presentada por una organización ecologista "que ha manifestado en repetidas ocasiones su postura de rechazo a la extracción de ejemplares como una de las medidas de gestión", y que es la misma organización que inició el proceso que concluyó con la decisión del Ministerio de incluir a todas las poblaciones de lobo en el LESPRE.
El Gobierno regional ha recordado que la población del lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación "favorable" porque su dinámica sigue constituyendo a largo plazo un "elemento vital de los hábitats naturales de la Comunidad Autónoma". Y ha incidido en que el actual Plan de Gestión del Lobo otorga "la protección necesaria" a esta especie y a sus valores ecológicos, científicos y culturales, garantizando también la "imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva que también atesora enormes valores ecológicos, científicos y culturales, además de económicos y sociales, resultando clave en la lucha contra el despoblamiento y la conservación de la biodiversidad".
