Celsa ve "asegurada" su continuidad después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) haya aprobado que los fondos de inversión de los acreedores se queden con el grupo y ha afirmado que el cambio de control requiere de la autorización del Gobierno.
En un comunicado de este martes, afirma que el plan de reestructuración homologado en la sentencia publicada ayer, lunes, "significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española".
Celsa considera que, según la ley 19/2003 del 4 de julio sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, esta toma de control "requiere de una autorización expresa del Gobierno". También ha asegurado que "dentro del necesario respeto a la sentencia judicial, velará por los intereses industriales, sociales y económicos", que además afectan a su entorno, cadena de valor y trabajadores, recalca.
Según la compañía, tanto partners como proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales y sindicatos "se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto".
Celsa se define en el comunicado como una empresa estratégica para la economía española y europea que "ha desarrollado un modelo único y de referencia" de producción de acero circular y de bajas emisiones.
El TSJC reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan y lo considera "la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo".
