El Tribunal de Cuentas ha detectado "algunas deficiencias" en el cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales en la campaña para las autonómicas del 28 de mayo en Cantabria, ya que apunta a 82.936 euros que considera que "no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral".
Según el informe de fiscalización del proceso electoral publicado este viernes por el Tribunal de Cuentas, de ese montante total, 56.468,64 euros no tenían naturaleza electoral, 18.754,45 euros se refieren a gastos no permitidos por la Ley electoral (LOREG) y 7.713,34 euros son gastos con justificación insuficiente. Eso sí, ninguna formación política de las analizadas (PP, PRC, PSOE y Vox) ha superado el límite máximo de gastos previsto para estas autonómicas ni los límites establecidos en la LOREG relativos a los gastos de publicidad exterior y en prensa y radio.
Las formaciones políticas han declarado recursos para financiar la campaña por un total de 583.796 euros
Tras su análisis, el Tribunal de Cuentas ha formulado una propuesta de reducción de las subvenciones electorales en Cantabria por valor de 11.050 euros. La mayoría del importe que propone reducir corresponde al PRC, para el que estima 10.990 euros menos, a los que se suman otros 60 euros menos para el PP.
En uno de los casos, esto se debe a que han realizado un pago desde una cuenta bancaria no electoral, y en el otro, por realizar un pago desde una cuenta no electoral y por introducir gastos no autorizados por la LOREG.
En total, las formaciones políticas han declarado recursos para financiar la campaña por un total de 583.796 euros (100.900,31 euros proceden de los adelantos de subvenciones electorales, 482.661,29 euros de aportaciones realizadas por los partidos y 235 euros de aportaciones privadas), de los que el Tribunal considera que están justificados 495.590 euros.
De ellos, 151.107 corresponden al PP, 151.267 euros al PRC, 149.356 al PSOE y 43.863 a Vox. Respecto a este último partido, el Tribunal ha observado un exceso de facturación por sobres y papeletas electorales respecto a los envíos de propaganda electoral justificados según los albaranes de Correos. Este exceso ha ascendido a 261.655 unidades, lo que supone un 57% del censo electoral de la región.
Además, el informe pone de relieve que hay una "significativa variación" en los precios facturados por los proveedores de los distintos partidos en la adquisición de sobres y papeletas.
CUENTA DE 2021
Además del informe en torno a las elecciones, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la Cuenta General de Cantabria de 2021, respecto a la que concluye que se adapta a los principios y normas contables. Como excepción apunta a algunas "salvedades", como que los acreedores presupuestarios de la Administración estaban "infravalorados en 195 millones de euros".
También, que la Administración no disponía de un sistema de gastos con financiación afectada que permitiera cuantificar las desviaciones de financiación, entre las que debieron computarse 123 millones de euros recibidos de los Fondos Next Generation que "incidieron en la sobrevaloración del resultado presupuestario y del remanente de tesorería", por cuanto en el ejercicio fiscalizado los ingresos ascendieron a 136 millones de euros y la ejecución de proyectos se limitó a 13 millones.
Por otro lado, apunta que las memorias de los organismos autónomos presentan "carencias significativas", por ejemplo las del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC) y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
Asimismo, destaca que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) debe reducir su capital social con carácter obligatorio tal y como marca la Ley de Sociedades de Capital al haber reducido su patrimonio neto a una cifra inferior a las dos terceras partes de la cifra del capital, tras las pérdidas acumuladas por 18 millones de euros en 2021). "La sociedad presenta sus cuentas en base al principio de gestión continuada, considerando los apoyos de la Administración General de Cantabria. Esta situación contrasta con los importes de las transferencias pendientes de desembolso por parte de la Administración General, que ascienden a 28 millones de euros", subraya el informe.
También alude a la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, que presentaba un patrimonio neto inferior al 50% de la dotación fundacional al cierre del ejercicio debido a la "falta de pago en 2020 y 2021" de las transferencias del Gobierno para financiar su actividad.
Al respecto, la memoria de la Fundación informa de que "se están tomando las medidas oportunas para solventar la situación financiera y patrimonial, entre ellas, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos de la actividad propia, entre las que se encuentra la ampliación de la oferta académica". No obstante, el Tribunal de Cuentas advierte que, de mantenerse la falta de aportaciones por el Gobierno de Cantabria, "podría verse comprometida la sostenibilidad financiera de esta Fundación".
