La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectaba en 2015 lo que se conoció como el ‘cártel de concesionarios’. El organismo apuntaba una serie de actitudes fraudulentas que vulneraban las normas anticompetencia, produciéndose un intercambio de información entre 147 concesionarios de coches del 91% de las marcas que se venden en España. Ahora, y según publican varios medios, cerca de 10 millones de clientes que compraron vehículos entre 2006 y 2013 pueden ser indemnizados con cantidades que van desde los 2.000 hasta los 9.000 euros.
Desde ese año 2015, y hasta fechas recientes, la CNMC ha impuesto de forma sucesiva varias multas millonarias a las grandes marcas por manejar entre ellos información “secreta, futura y estratégica”. Todas esas decisiones han sido ratificadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid a principios de este mes, lo que plantea un escenario completamente nuevo para los afectados, que según el Tribunal Supremo pueden reclamar una indemnización por el pago extra que recibió esta red fraudulenta.
Dichas indemnizaciones oscilan entre los 2.000 y 9.000 euros, cantidades que se habrían cobrado de más sobre el precio de venta real del coche (en torno al 10%). Y no se trata solo de clientes particulares. Empresas de VTC, taxis, empresas de alquileres de coche son algunos de los afectados.
Toda esta cadena judicial comenzó en Cádiz, donde el Juzgado de lo Mercantil falló a favor de un particular que había reclamado su dinero a uno de los concesionarios. Su sentencia fue ratificada por la Audiencia Nacional, y finalmente el Supremo desestimó los recursos de los fabricantes, convirtiendo en definitiva la decisión y permitiendo a los afectados que empiecen a reclamar.
Cualquier persona física o jurídica, de forma individual o colectiva, puede reclamar si aporta toda la documentación necesaria, siendo imprescindibles la factura de compra o del pago del alquiler, los pagos de reparaciones si se han producido, la ficha del vehículo y los contratos correspondientes.
