La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que a lo largo del mes de marzo se llevará a Consejos de Ministros para su aprobación el anteproyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Así lo ha trasladado la titular de Vivienda durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, en el que ha afirmado que esta modificación dotará de "estabilidad", "certeza" y "seguridad jurídica" el desarrollo urbanístico en España.
La titular de Vivienda ya anunció en su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados el pasado enero que se iban a abordar las dificultades que tiene el desarrollo urbanístico en España por los distintos instrumentos de planeamiento, debido a las distintas anulaciones de los instrumentos de planificación territorial y urbanística.
La ministra de Vivienda detalló que esto se haría a través de un anteproyecto de ley por el que se modificará el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un texto cuya tramitación decayó en la anterior legislatura -el anteproyecto ya fue en primera vuelta al en Consejo de Ministros en diciembre de 2022- y que ahora se volverá a activar para aprobarlo en marzo.
Por su parte, fuentes ministeriales han precisado que esta modificación se llevará al Consejo de Ministros, previsiblemente, para la "primera o segunda" semana de marzo.
ZONAS TENSIONADAS
Durante el acto, la ministra de Vivienda también ha reiterado que el índice de precios de alquiler para la declaración de zonas tensionadas verá la luz "sí o sí" antes de que acabe el mes, con el objetivo de que comience a estar operativo en marzo.
El Índice de Precios de Referencia de Alquiler para la declaración de zonas tensionadas permitirá orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado.
La titular de Vivienda ha indicado que este índice estará basado en una aritmética que tendrá en cuenta datos proporcionados por diferentes organismos, como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, el catastro, datos de los registradores y, demás organismos conocedores de la materia, con el objetivo de que se pueda aplicar en toda España, salvo en las comunidades autónomas con Haciendas forales, que deberán proporcionar los datos de su Agencia Tributaria previamente.
No obstante, Rodríguez ha recordado que este índice solo se podrá aplicar en aquellas comunidades autónomas que lo pidan, por lo que ha instado a ayuntamientos y comunidades a que se acojan a esta medida, al igual que lo hará Cataluña, la primera comunidad autónoma que ha pedido limitar los precios del alquiler para establecer zonas tensionadas y que está negociando esta medida con el Ministerio de Vivienda.
En esta línea, al ser preguntada por la evolución de estas negociaciones con la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, Rodríguez ha recalcado que ambos gobiernos están trabajando para que los dos parámetros que se han de dar para declarar una zona tensionada, la declaración del índice y la documentación necesaria con la declaración en zona tensionada, entren en vigor "lo antes posible". "Estoy convencida de que lo vamos a lograr, tenemos la vocación y la voluntad política, e insisto, yo agradezco mucho a la consellera su disposición y su apuesta y una respuesta a este problema de manera determinada", ha subrayado.
PROMOTORES INTERESADOS
En relación a la línea de avales del ICO de 4.000 millones de euros en préstamos para que promotores públicos y privados puedan construir vivienda a precios asequibles, Rodríguez ha indicado que el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, le ha trasladado que ya hay más de 34 promotores privados interesados en esta línea para la construcción de 12.000 viviendas, pese a que aún no se ha terminado de definir la misma.
Esta línea de avales de 4.000 millones de euros forma parte de la adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia y fue aprobada por la Comisión Europea el pasado 2 de octubre para facilitar la construcción de más de 40.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler asequible.
