Los acreedores mayoritarios de la siderúrgica Celsa han aceptado las condiciones que les ha trasladado el Gobierno con vistas a obtener la pertinente autorización para hacerse con el control del grupo que, principalmente, consisten en el mantenimiento de la sede y los empleos en España y la incorporación de un socio industrial que respalde la gestión.
Celsa, actualmente, genera más de un millar de puestos de trabajo en Cantabria.
Las entidades, en su gran mayoría fondos de inversión internacionales, pondrán en marcha en breve los procesos para lograr formalmente el permiso, que debe conceder el Consejo de Ministros al tratarse de inversores extranjeros que van a adquirir el control de una compañía de referencia en un sector considerado como estratégico por el Gobierno.
El Ejecutivo también exigirá la incorporación de un socio industrial que refuerce la gestión de Celsa y que todo ello cuente con la articulación por parte de un consejo de administración de mayoría independiente.
CEOE-CEPYME auguraba un futuro no demasiado prometedor para los trabajadores de Celsa en Cantabria, que ahora con esta nueva propiedad, si garantiza el mantenimiento de su sede y empleos en España como parece que va a realizarse, pueden respirar más tranquilos.
