martes. 19.03.2024

No es la primera vez que Telefónica se enfrenta a una demanda de este tipo, y los precedentes apuntan a un fallo a favor de los trabajadores. El Juzgado de lo Social nº3 de Santander ha admitido a trámite la demanda de un trabajador por lo que considera “cesión ilegal de trabajadores” entre las empresas Zelenza Sistemas de Información S.A. y Telefónica de España S.A.U. En concreto, el trabajador fue contratado por Zelenza para realizar labores de Jefe de Proyectos, pero su destino fue, “de forma ininterrumpida”, el Departamento de Operaciones IT de Telefónica, “siempre en la misma empresa cesionaria y nunca en la empresa cedente”.

De hecho, y según ha podido saber este diario de fuentes próximas al denunciante, el puesto de trabajo estaba “ubicado físicamente con el resto de personal” de Telefónica, “tratando directamente con clientes” de la compañía de comunicación y recibiendo “directrices e instrucciones” transmitidas por “diferentes responsables de Telefónica”. Asimismo, el trabajador gestionó proyectos con “clientes de la administración pública” de la compañía cesionaria, “sin que estos supieran en ningún momento” que él, como Jefe de Proyecto, estaba subcontratado. Según recuerda la demanda admitida a trámite, la figura que ocupa el trabajador “es un puesto de trabajo que consta dentro del organigrama” de Telefónica. Por ello, el trabajador reclama que Telefónica le reconozca como empleado fijo y con una antigüedad desde la fecha de inicio de la relación laboral con Zelenza.

“La forma de actuar de Telefónica choca frontalmente con los derechos de los trabajares”

Según estas mismas fuentes, “la forma de actuar de Telefónica choca frontalmente con los derechos de los trabajares”, recordando el comunicado de la sección sindical de CGT de la empresa Alalza (adquirida en 2018 por Zelenza) en 2010 para informar de una huelga de duración indefinida en el centro de trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dicha huelga fue convocada precisamente porque Telefónica “mantiene con los Centros de Gestión Personalizada una estrategia” consistente en “cambiar cada 3 años de contrata sin hacerse oficialmente cargo de los trabajadores” de la antigua contratista, con lo que “se eliminan a los trabajadores molestos cada 3 años, se evita que se acumulen trienios, se abarata el despido eliminando la antigüedad y se modifican las condiciones de trabajo si la situación lo requiere”.

Asimismo, han hecho hincapié en que “este gigante de las telecomunicaciones se aprovecha de la precariedad y el miedo del mercado laboral” para “subcontratar a los trabajadores cualificados”. En contraposición, las citadas fuentes recuerdan que el expresidente César Alierta ha visto elevado el valor de su plan de pensiones a 54,2 millones de euros, por lo que “será una de las mayores pensiones jamás concedidas a un alto ejecutivo en España”. A todo esto se suma el programa de bajas con el que Telefónica está reduciendo la edad de su plantilla por debajo de los 52 años.

“Mientras Telefónica regala grandes sueldos a los Eduardo Zaplana, Narcís Serra, Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato o Iván Rosa, esposo de Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, aumenta las desigualdades y se aprovecha de la explotación, la precariedad y la miseria del actual mercado laboral”, denuncian estas mismas fuentes.

ANTECEDENTES

El Grupo Telefónica ya se ha enfrentado a denuncias similares. En 2017 dos trabajadores denunciaron a las empresas Dominion, Entelgy y Telefónica tras ser despedidos por la primera alegando no haber superado el periodo de prueba. Dichos trabajadores, junto a un grupo mayor, habían sido subcontratados por Dominion para la prestación de servicios de Centros de Gestión Personalizada, procediendo de la subcontrata anterior, Entelgy. El Juzgado de lo Social consideró que los despidos se ajustaban a derecho y los declaró procedentes, pero el posterior recurso ante el Tribunal Superior de Justicia rechazó esta tesis, los consideró improcedentes y condenó de forma solidaria a Dominion y Telefónica.

Como señalan las fuentes consultadas, dicha demanda tiene un gran interés ya que afecta a un gran número de trabajadores en toda España, a los que “se les abriría las puertas para pasar de la empresa cedente a la cesionaria, en busca de la estabilidad laboral y mejora en las condiciones laborales”, poniendo además “en entredicho las relaciones que mantiene el grupo Telefónica de España con las empresas subcontratadas”.

Denuncian a Telefónica por cesión ilegal de trabajadores
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