El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado este lunes en Santander que los inversores y gestores de Celsa pongan "encima de la mesa" un plan industrial, que incluya compromisos a largo plazo, para este grupo, que es la primera empresa en producción de materiales industriales de Cantabria, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros y que emplea a más de 1.100 trabajadores en la región, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products.
Sordo, junto con la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, se ha reunido esta mañana con los delegados del sindicato en el grupo Celsa y con el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, César Conde, a los que ha trasladado el "compromiso absoluto" del sindicato con el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.
"Y a partir de ahí, lo que vamos a demandar, lo que estamos demandando ya a los inversores, a los gestores del grupo, es que pongan encima de la mesa un plan industrial", ha señalado Sordo a preguntas de la prensa, previas a un encuentro en Santander con los delegados del sindicato. En este sentido, ha subrayado que un plan industrial requiere "compromiso" tanto con la actividad como de inversiones "a largo plazo" y "estamos en ese impasse". Y ha asegurado a los cántabros y específicamente los trabajadores del grupo Celsa que CCOO "va a empujar para que este cambio en la propiedad del grupo no suponga una merma de su actividad y vamos a estar absolutamente vigilantes".
El Gobierno de Cantabria reclamó a primeros de este mes al de España que haga suyas las condiciones particulares exigidas por la comunidad autónoma para preservar el carácter estratégico de Celsa, en el acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar el Plan de Reestructuración, y pidió a los fondos acreedores "mayor concreción" de las medidas a adoptar y "garantías" del cumplimiento de los compromisos, de forma que sean "vinculantes y exigibles". En este sentido, los fondos asumen el compromiso de preservar la españolidad de la compañía, así como el mantenimiento de la plantilla; el mantenimiento de las capacidades productivas en España; y la búsqueda de un socio industrial español.
El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó en septiembre un acuerdo para defender la integridad, viabilidad, actividad y el empleo del Grupo Celsa en Cantabria y en España, en el que establecía una serie de condiciones particulares que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, trasladó por carta al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez. En dicho acuerdo, el Gobierno de Cantabria reclama garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España; impedir modificaciones que supongan la disminución de la actividad del grupo; un plan de reestructuración que incluya "compromisos específicos"; medidas de control accionarial y la creación de un Consejo de Administración.
La facturación de Celsa supone el 49% del sector metalúrgico de Cantabria y aglutina el 3,6% del empleo industrial de la región. La empresa ha invertido más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y el pasado año movió 1.895 toneladas, que la convierten en el primer usuario del Puerto de Santander por volumen de mercancías.
