La Intervención General del Gobierno de Cantabria, en su informe hecho público este miércoles por Podemos, señala una serie de irregularidades relacionadas con Emiliano Garayar, el abogado que estuvo al frente de la operación de compraventa del Racing de Santander y de otras gestiones en esa época como la adjudicación del Ecoparque Besaya.
Según el documento, que hace referencia al periodo 2008-2011, en el que el consejero delegado de la empresa pública era Salvador Blanco (que ocupa actualmente ese mismo cargo), el abogado facturó más de 600.000 euros a SODERCAN.
A este contrato, para asesoría financiera, jurídica y económica sobre inversiones en proyectos empresariales, Garayar se presentó acompañado de otras dos empresas, Quetho Ventures y Camblor Consultores (y logrando arrebatárselo a Glezco pese a que su oferta era más económica). Entre los tres, facturaron más de un millón de euros a SODERCAN por ese contrato.
Y únicamente Garayar facturaría un millón de euros en total por distintos conceptos a SODERCAN. Sólo por asesorar en el proceso de Greyco el abogado facturó 442.000 euros.
En la adjudicación se les puntuó altamente por criterios que no venían recogidos en el pliego de condiciones, y también por cuestiones no cuantificables, como la “familiaridad” con la política industrial cántabra, mientras que en el apartado económico no había una fórmula que estableciera cómo se concedieron los 20 puntos que lograron en la valoración.
En un momento dado de 2009, prácticamente al principio de la actividad, Quetho y Camblor abandonaron la actividad y le pasaron sus trabajos y el conjunto del contrato a Garayar.
El interventor considera que eso suponía un cambio en el contrato, que se tenía que haber rescindido, pero en lugar de eso se produjeron dos prórrogas del mismo, firmadas directamente por el consejero delegado de SODERCAN (Salvador Blanco).
Pero, además, se modificaron las condiciones del contrato firmado inicialmente, en la parte relacionada con los honorarios económicos.
