domingo 12.07.2020
POLÍTICA

La auditoría de Mare evidencia “deficiencias serias” y “malas prácticas” en la gestión del PP

Díaz Tezanos califica de “lamentable” y “cobarde” la actitud del ex consejero y diputado ‘popular’ de culpar a los técnicos, “profesionales al servicio del Gobierno”.

Javier Fernández asegura estar “absolutamente tranquilo”.

El expresidente del Gobierno, Ignacio Diego, junto al ex alcalde de Astillero, Carlos Cortina, y el exconsejero de Medio Ambiente, Javier Fernández
El expresidente del Gobierno, Ignacio Diego, junto al ex alcalde de Astillero, Carlos Cortina, y el exconsejero de Medio Ambiente, Javier Fernández

Durante los últimos meses han surgido numerosos casos de irregularidades cometidas bajo el Gobierno del ‘popular’ Ignacio Diego en Cantabria. A las informaciones sobre contratación de desempleados, datos de paro o el puerto de Laredo se suma ahora la gestión de la empresa pública MARE, concretamente un incumplimiento con la legislación en materia de contratación.

Así lo ha explicado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, quien ha revelado que el resultado de la auditoría encargada por la Intervención General ha sido trasladado a los servicios jurídicos para determinar “posibles responsabilidades” de los anteriores gestores, entre los que se incluirían los nombres del ex director general de la empresa, Antonio Zabala, y del ex consejero y diputado del PP, Javier Fernández.

Díaz Tezanos ha recordado que esta auditoría ha sido realizada “de oficio” por un organismo ajeno al Gobierno, y cuyo procedimiento ha sido el “habitual”, comunicándose el inicio del proceso a la empresa, que “se puso a disposición” de todos los auditores.

Todo ello “evidencia una mala gestión por parte de los anteriores gestores”, ha dicho Díaz Tezanos

El resultado de esta investigación, según la vicepresidenta, “deja al descubierto” aspectos como la ausencia de una Mesa de Contratación Permanente, un manual de instrucciones sobre los procedimientos a seguir, un archivo informático que recogiera todos los proyectos o “fórmulas adecuadas para valorar las ofertas más ventajosas”.

Asimismo, ha detallado que las “malas prácticas” se producen en las “facetas procedimentales”, asegurando que “no se acreditaba la justificación para llevar a cabo la contratación” ni “se motivaba el procedimiento elegido para hacerlo”, además de no existir “requisitos de solvencia” o descubrirse “pliegos en los que no hay firma” de los técnicos o falta el “informe favorable del director jurídico”.

Todo ello “evidencia una mala gestión por parte de los anteriores gestores”, ha dicho Díaz Tezanos, quien ha insistido en que esta auditoría no ha sido encargada por el Gobierno PRC-PSOE, sino por el “interventor nombrado por el PP”, lo que suprime posibles acusaciones de venganza política.

“Lo más llamativo es el conjunto, el modo irregular en que se hacía” todo el proceso, ha explicado la vicepresidenta, quien ha recordado que la “investigación exhaustiva” se ha llevado a cabo en “contratos mayores y menores”.

Igualmente, ha calificado de “lamentable” la actitud del ex consejero ‘popular’, un “jurista de prestigio”, como le calificó Diego, “cuyas leyes han sido echadas por tierra” y no ha cumplido con otras, y que ha decidido “echar la culpa a los técnicos”, que “son profesionales al servicio del Gobierno”. “Un acto de cobardía”, lo ha calificado la vicepresidenta.

Responsabilidades penales

Aunque ha reconocido que el Gobierno ya ha remitido esta auditoría a sus servicios jurídicos, Díaz Tezanos no ha querido avanzar si habrá responsabilidades penales en este caso, aunque sí ha recordado que “hay alcaldes inhabilitados” por este tipo de situaciones. En cualquier caso, el Ejecutivo regional queda a expensas de la evaluación que realicen estos servicios, por lo que no está claro si elevará el caso ante la Fiscalía o lo llevará directamente a los tribunales.

La auditoría de la Intervención General contiene 27 recomendaciones, de las cuales “ya se han adoptado 18, y las 9 restantes se adoptarán en breve”

Díaz Tezanos ha asegurado que “no había sospechas” de posibles irregularidades o ilegalidades en la gestión, aunque ha reconocido que “no entendíamos que no hubiera una Mesa de Contratación”, por lo que desde su llegada al Gobierno se han llevado a cabo diversas reformas para “cumplir con todas las recomendaciones” de la auditoría, algunas de ellas solventadas antes incluso de que se comunicara el resultado de la investigación.

El bipartito PRC-PSOE también ha remitido el informe al Parlamento para que todos los grupos puedan tener acceso a su contenido. Asimismo, la auditoría ha llegado a manos de Zabala, que tiene un plazo de quince días para presentar las alegaciones contra las conclusiones, que serán estudiadas por los auditores para remitir el informe definitivo.

A preguntas de los periodistas, Díaz Tezanos ha explicado que la auditoria iba a ser remitida a Zabala el sábado por la mañana, antes de darla a conocer -por la tarde- a los medios de comunicación, si bien, según la vicepresidenta, no fue posible ya que éste no se encontraba en la comunidad autónoma, con lo que se acordó mandársela el lunes.

Recomendaciones

En total, la auditoría de la Intervención General contiene 27 recomendaciones, de las cuales “ya se han adoptado 18, y las 9 restantes se adoptarán en breve”. Según Díaz Tezanos, algunas son “de sentido común y sensatez”.

Para la vicepresidenta  y consejera "lo más importante" es que el actual Gobierno se ha puesto a trabajar de forma "inmediata" para corregir "todo aquello que estaba mal" y funcionaba de forma "irregular". "A estos 27 problemas, 27 soluciones", ha dicho.

“Perseguimos que las empresas públicas no sumen déficit a las cuentas públicas”, ha valorado la vicepresidenta regional

Entre las que ya se han llevado a cabo destaca la eliminación de “adjudicaciones vía procedimiento de emergencia”, la inclusión en los pliegos de procedimientos para discernir si una oferta es temeraria y evitar la fragmentación de contratos.

Entre las que aún no se han materializado pero que lo harán, según se ha comprometido Díaz Tezanos, en el "plazo más breve  posible",  ha citado la modificación del régimen de apoderamientos y firmas que tiene establecido la entidad en materia de contratación; la elaboración de manuales internos en materia de contratación que regulen de forma adecuada los procedimientos que usa MARE y las fases de éstos.

Transparencia

La vicepresidenta ha destacado el “control riguroso del gasto” que está llevando a cabo el bipartito PRC-PSOE, y en este sentido ha recordado que cuando llegó el nuevo Gobierno había un déficit de más de cuatro millones de euros. A 31 de marzo de 2016 las pérdidas ascienden a 2,7 millones, es decir, “en medio año hemos ahorrado con respecto a las previsiones” que se manejaban.

“Perseguimos que las empresas públicas no sumen déficit a las cuentas públicas”, ha valorado Díaz Tezanos, y se ha comprometido a que “la formulación de cuentas de MARE” para 2016 se haga con “cero euros de pérdidas y sin ERE”.

Absolutamente tranquilo

El contenido de la auditoría ha sido valorado por el propio Fernández, quien ha asegurado que está "absolutamente tranquilo"; se ha mostrado "convencido" de que ha hecho su trabajo de forma "correcta" y ha destacado que "se puede dar explicación a todo o prácticamente todas" las "incidencias" señaladas en ese informe que, recalca, es "provisional", y al que presentará alegaciones.

Fernández ha subrayado que la mayoría son "defectos de procedimiento" que afectan a "media docena" de contratos cuya cuantía representa un parte "ridícula" dentro del volumen de contratación de MARE

Fernández ha subrayado que la mayoría son "defectos de procedimiento" que afectan a "media docena" de contratos cuya cuantía representa un parte "ridícula" dentro del volumen de contratación de MARE. Además, ha asegurado que durante su mandato, MARE "no adjudicó ningún contrato sin intervención de los servicios técnicos y mucho menos con informes contrarios".

En esta misma línea, ha destacado que todos los contratos se adjudicaron a las empresas propuestas por los servicios técnicos y "sin el más mínimo reparo" de éstos. "Con esto no responsabilizo a los técnicos de nada, creo que han hecho bien su trabajo", ha dicho, tras destacar que "en MARE no se adjudican contratos a dedo".

En respuesta a los medios de comunicación, Fernández ha afirmado que le parece "bien" que desde el Gobierno se pidan los informes correspondientes, y que si hay "la más mínima duda, se envíe donde se tenga que enviar, al juzgado o la Fiscalía".

No obstante, ha asegurado que está "tranquilo", que "responde" de todas y cada una de sus actuaciones y que dará "todas las explicaciones que haya que dar" en cuanto tenga la oportunidad de analizar de forma detallada el informe de la Intervención, al que presentarán alegaciones tanto él en calidad de expresidente de MARE, como el exdirector general, Antonio Zabala.

El exconsejero considera "extraña" la "difusión" por parte del Gobierno de un documento de trabajo que se caracteriza por su "provisionalidad", con las "cautelas" que ello conlleva, y respecto al que se ha comprometido a dar "cumplida explicación".

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