martes 14.07.2020
POLÍTICA

El Gobierno de Cantabria “velará” para que “no se mueva ni una piedra” de la depuradora de Vuelta Ostrera hasta que funcione una nueva

Depuradora de Vuelta Ostrera
Depuradora de Vuelta Ostrera

El Gobierno de Cantabria "velará" para que "no se mueva ni una piedra ni un tubería" de la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia firme de derribo, hasta que esté en funcionamiento la nueva depuradora. Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, hoy lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Vox sobre si el Ejecutivo autonómico PRC/PSOE baraja alternativas a la demolición de la estación depuradora de aguas residuales. A esta cuestión, que ha cerrado la sesión plenaria, ha contestado Blanco, que ha recordado que tanto las obras de derribo de la actual depuradora como la construcción de la nueva dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, en funciones en la actualidad, como todo el Ejecutivo central. Frente a ello, ha apuntado, la Administración autonómica "solo puede velar por que no se mueva ni una piedra ni una tubería hasta que no esté en funcionamiento la nueva". Blanco ha aprovechado para insistir en que ninguna de las alternativas para la posible nueva ubicación de la depuradora que estudia el Gobierno español "está libre de problemas ambientales y de contestación social", pero ha insistido en cualquier caso que es decisión del departamento que dirige Teresa Ribera y no del Gobierno de Cantabria.

PRC y PSOE han rechazado junto con Vox una iniciativa de Cs para urgir al Estado a decidir el emplazamiento de la estación

Vuelta Ostrera ha centrado también otro punto del orden del día, en el que PRC y PSOE han rechazado junto con Vox una iniciativa de Cs para urgir al Estado a decidir el emplazamiento de la estación, y en el que los regionalistas han acusado a los naranjas de estar "eligiendo" ese lugar y, en consecuencia, "quitando competencias" al Ministerio, que es el que debe resolver. La proposición no de ley, defendida por Félix Álvarez, portavoz y diputado de la formación naranja, ha contado únicamente con la abstención del PP, que lidera la oposición al bipartito y que inicialmente había anunciado que iba a votar a favor. En ella se pedía también al departamento que dirige Ribera que se comprometa a no demoler la actual estación depuradora de aguas residuales hasta que esté en funcionamiento la instalación que la sustituya.

La parlamentaria del PRC Rosa Díaz, que además es alcaldesa de Polanco –uno de los municipios a los que da servicio la depuradora y que podría albergar la nueva–, ha tachado de "partidista, oportunista y demagógica" la propuesta de Ciudadanos, partido que se ha decantado públicamente por la isla de Monti –o de Solvay– para albergar la futura instalación. Según ha indicado la regidora regionalista, tras las alegaciones efectuadas a las posibles ubicaciones se ha abierto un nuevo plazo, a raíz del cual se tendrá que formular la declaración de impacto ambiental, y a partir de este paso y conforme a los informes técnicos se decidirá la ubicación de Vuelta Ostrera, para lo que "todos" –ha dicho– han de defender el mejor emplazamiento. En su intervención, Álvarez ha pedido a las Administraciones que dejen de poner "palos en las ruedas" a este problema y de "dilatar" la solución, veinte años después de la construcción de la instalación –que costó 24 millones de euros, ha recordado Díaz– y casi 14 desde la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo. Además, el líder autonómico de Cs ha rechazado la "pelea de gallos" que a su juicio mantienen PP y PSOE por ver quién tiene más "culpa" en este caso, al que se ha referido como "de chulería política". El PSOE se ha centrado, por boca de su diputado Javier García-Oliva, que fue director general de Medio Ambiente, en el coste medioambiental de este proyecto, construido sobre 87.000 metros cuadrados de marisma, ecosistema que ha sufrido una "degradación" al levantarse sobre él la depuradora. Y ha aprovechado para recordar que la sentencia, al igual que el resto de resoluciones judiciales, "hay que cumplirla".

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