El Gobierno de Cantabria ha decidido reinvertir en otros tres proyectos los más de 2 millones de euros procedentes de fondos europeos que estaban encaminados a la construcción de una senda ciclable en el Puente de la Barca, en la CA-131 entre Barreda y Viveda, ya que el expediente para esta obra se encuentra paralizado por orden judicial.
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana reinvertir esos fondos, para evitar que se pierdan, en los proyectos de mejora de la movilidad en el Paseo de Canalejas, en Santander (1.050.000 euros); la ejecución del aparcamiento disuasorio en superficie de la Carmencita, en el barrio de la Inmobiliaria, en Torrelavega (774.984,70 euros); y las obras de urbanización de una parcela junto al centro cultural La Vidriera de Camargo (455.413 euros).
La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que esta medida se ha consensuado con los ayuntamientos implicados y se ha adoptado por "sentido de la responsabilidad", para "dar respuestas rápidas y soluciones ágiles ante la aparición de dificultades en la tramitación de obras que son imprescindibles para Cantabria". Así, con esta reinversión del dinero en otros proyectos se quiere "impulsar y acelerar la ejecución de los fondos europeos y evitar la pérdida de financiación", ha remarcado.
Los tres nuevos proyectos van encaminados a fomentar la movilidad sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos, y se han seleccionado en lugar de la construcción de la senda ciclable con el fin de "no poner en riesgo la ejecución presupuestaria y exprimir los fondos europeos" pues, según ha incidido Buruaga, uno de los principales objetivos de este Gobierno es "impulsar y acelerar" los Next Generation para "lograr el máximo rendimiento en nuestra economía productiva". "A cada problema aportamos una solución", ha concluido la presidenta.
Las nuevas actuaciones se corresponden con la convocatoria de subvenciones previstas en la Orden OBR/4/2021, de 12 de agosto, a los ayuntamientos de Cantabria para la construcción de aparcamientos disuasorios, redes de carriles para bicicletas y otras infraestructuras ciclistas o la generación de itinerarios peatonales accesibles.
Las actuaciones objeto de la citada Orden deberán estar específicamente destinadas a la implementación de zonas de bajas emisiones, fomento de la movilidad activa y otras medidas complementarias cuyo objetivo final sea una menor utilización del vehículo privado en los entornos urbanos.
