El Gobierno de Cantabria quiere tener listo para el verano de 2024 una nueva regulación de las viviendas turísticas con el objetivo no solo de luchar contra la proliferación de aquellas que operan de manera ilegal sino buscar algún tipo de limitación de las legales, y también para introducir nuevos requisitos.
Estos son algunos de los aspectos que estudia introducir la Consejería de Turismo de cara a la modificación de la actual normativa, que está "obsoleta", según ha explicado la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, que esta tarde de martes ha presidido la reunión de la Mesa sobre viviendas de uso turístico, en la que se han dado cita distintos implicados en la problemática, entre ellos representantes del sector turístico.
En la reunión, celebrada en el Palacio de Festivales, se ha abordado el problema que suponen las viviendas ilegales, que, entre otras cuestiones, están haciendo que el crecimiento "espectacular" de visitantes que vive Cantabria no se traslada del todo al sector hotelero. Además, estas viviendas ilegales, al no tener la Administración, control sobre ellas, hacen que se desconozca cuánta gente visita la comunidad, algo que, según la consejera, es importante porque "si ese número se dispara estamos perdiendo calidad de los servicios, saturando destinos haciendo las cosas mal", lo que "puede llevar a la no sostenibilidad del modelo y a crearnos problemas para el futuro".
Por otra parte, y aunque en la reunión se ha puesto "el énfasis" en el problema que generan las viviendas ilegales, la consejera ha opinado que no solo hay que atajar el problema de los pisos turísticos ilegales, sino abordar también a cuántas legales se puede dar cabida. "Habrá que poner también un límite, lo mismo que se pone a los hoteles", ha opinado.
En la modificación del decreto también el Gobierno valora la posibilidad de introducir nuevos requerimientos para aquellas viviendas que quieran ser de uso turístico, si bien, aún no ha podido precisar cuáles serían ya que habrá que estudiar cuáles son "factibles", "eficaces" o incluso "legales".
La consejera ha explicado que el Gobierno quiere ser "rápido" en el diseño del "mejor decreto posible para las circunstancias actuales", aunque reconoce la complejidad de hacerlo. Y aunque Fernández ha afirmado que "no le gusta comprometer fechas" porque al final puede haber "retrasos o imprevistos", sí ha reconocido que "le gustaría tener el decreto para el verano" de 2024, o más o menos por esas fechas. En estos momentos, la Consejería ya estudia los decretos de otras comunidades que le podrían servir de modelo a Cantabria.
Pese a todo, la consejera ha reiterado que la capacidad del decreto del Gobierno es "limitada" y cree que la clave para regular las viviendas turísticas la tienen los ayuntamientos. "Nosotros podemos hacer un marco jurídico general pero quien tiene la llave para regular las vividas de uso turístico son los ayuntamientos con sus planes generales y son los que tienen que tener muy claro qué capacidad quieren alcanzar con estas viviendas", ha dicho.
En la reunión han participado representantes de la Asociación de Hostelería; la Asociación de Turismo Rural; la Asociación de Viviendas Turísticas; la Asociación de Alquileres Vacacionales; la Unión de Consumidores, y el Ayuntamiento de Santander. También estaban convocadas dos asociaciones vecinales (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander y Cantabria), que no han asistido.
Según datos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria facilitados el pasado agosto, en la comunidad hay unas 10.000 viviendas de uso turístico de las que "apenas un 16% están legalizadas".
Y en base a datos facilitados por el Gobierno regional, desde enero de 2020 hasta agosto de 2023, se han presentado un total de 3.309 declaraciones responsables de viviendas de uso turístico en Cantabria. De ellas, 1.048 son de inmuebles de Santander; 176 en Suances; 161 en Comillas; 151 en San Vicente de la Barquera; 136 en Ribamontán al Mar; 128 en Noja; 112 en Miengo; 104 en Piélagos, y el resto se reparten por otros municipios.
El número de declaraciones responsables presentadas no ha dejado de crecer en este tiempo y se ha pasado de las 494 en 2020 a las 1.406 de los primeros ocho meses de 2023. De hecho, el volumen de las declaraciones presentadas en lo que va de año es ya un 58% más que las que lo hicieron en todo el año 2022, cuando hubo 890, y casi un 171% que las de 2021 (519).
