La jueza ha rechazado la medida cautelar solicitada el Gobierno de Cantabria para que se prohibiera contratar a las empresas involucradas en la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas.
Así lo señala el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, cuya titular es Mercedes Compostizo, en un auto notificado esta semana a las partes, según han confirmado fuentes personadas a Europa Press.
La misma magistrada aceptó en marzo la petición del Ejecutivo cántabro -personado como parte afectada- de incluir en la causa a las empresas investigadas, ya que entonces solo figuraban sus responsables como personas físicas -los empresarios que fueron detenidos en febrero y puestos a disposición judicial junto al supuesto cabecilla de la trama y a su mujer-.
El objetivo al incluir también a las empresas en la causa era poder apartarlas de los contratos que estaban en licitación, y en los que había participado el jefe del Servicio de Carreteras que se encuentra en prisión provisional, ya que la investigación detectó posibles hechos ilícitos en una decena de expedientes que estaban en marcha y debían ser adjudicados.
Sin embargo, y tras haberse celebrado una vista en la que se abordaron las medidas cautelares reclamadas, ahora la jueza rechaza la petición del Gobierno de prohibir que se contrate a las sociedades implicadas en la trama: Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad.
