viernes. 10.05.2024

La ya exdiputada nacional del PSOE por Cantabria, Puerto Gallego, ha asegurado este viernes que deja su escaño en el Congreso con la “conciencia muy tranquila” con lo realizado durante sus años como alcaldesa de Santoña entre 2003 y 2009, “justo y decente”. Sus palabras llegan una semana después de que se diera a conocer que el Tribunal Supremo ha decidido investigarla por presunta prevaricación continuada.

Según ha explicado, ha sido una “decisión personal” para “alejar a mi familia de esta vorágine de acusaciones sin fundamento”, y porque “es lo que había que hacer”, dejando su escaño antes incluso de lo que marca el Código Ético del PSOE, y siendo sustituida por el número dos de la lista, Ricardo Cortés. Gallego ha afirmado que su intención es reincorporarse al Servicio Cántabro de Salud (SCS) como pediatra.

Su decisión, además, le permite seguir “apoyando que no puede haber un gobierno con un presidente enfangado en una corrupción sistémica”, en clara alusión al líder del PP, Mariano Rajoy. 

Gallego ha afirmado que “lo que toca es tener la serenidad y la confianza en que la justicia va a funcionar y se va a demostrar mi inocencia”

Gallego ha afirmado que “lo que toca es tener la serenidad y la confianza en que la justicia va a funcionar y se va a demostrar mi inocencia” y la del resto de la Corporación socialista en sus años de alcaldesa. Precisamente con la dimisión el caso, que estaba en el Supremo por su condición de aforada, vuelve de nuevo al juzgado de Santoña. “Espero y confío que la Justicia demuestre que no hubo delito”, ha sentenciado.

Además, ha criticado que se intente comparar el caso de la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, imputada por el Supremo por presunto blanqueo de capitales, con el suyo. “Es indecente y vergonzosa la actitud del PP y Barberá. Creo que hay un pacto evidente entre ambos”, ha denunciado Gallego.

Oposición de la Fiscalía

Respecto a la jueza de Santoña, que fue la que inició la causa hace siete años a raíz de una denuncia presentada por Falange Española en Santoña y que posteriormente fue apoyada por el PP, ha explicado que “respeto la decisión” por la que la magistrada vio “indicios de delito”, pero “discrepo profundamente de las resoluciones, que evidencian un desconocimiento del funcionamiento de la Administración Local”.

Según ha explicado la exdiputada socialista, el Fiscal ha solicitado en todo momento “archivar la causa al no encontrar delito alguno”, y se ha opuesto reiteradamente a que el proceso judicial siguiera adelante, incluso cuando ha llegado al Supremo, ante el que “manifiesta reticencias” y solicita con carácter previo “la práctica de algunas diligencias como pudiera ser la declaración del secretario del Ayuntamiento”.

El Fiscal ha solicitado en todo momento “archivar la causa al no encontrar delito alguno”, incluso cuando ha llegado al Supremo, ante el que “manifiesta reticencias”

Respecto a los delitos que se le imputan, que como ha recordado “nunca se ha insinuado que hubiera enriquecimiento personal o malversación de recursos públicos”, no blanqueo de capitales, financiación ilegal, corrupción urbanística, evasión de capitales o cohecho, Puerto Gallego ha explicado que los presuntos contratos firmados por la Junta de Gobierno local “no están porque no existen”.

Así, ha detallado que este órgano “nunca contrató a las empresas” Taesa y Limpiezas Veci, ni a Atys ni a Arko. De hecho, durante su etapa como alcaldesa “dos llevaban realizando trabajos con el Ayuntamiento con todos los gobiernos” locales de todos los colores políticos. “Jamás he visto contratos. La Junta aprueba las facturas con algunos reparos de la Intervención”, ha reconocido, para a continuación explicar que de no aprobarse dichas facturas “sería enriquecimiento injusto” por parte del Consistorio.

Asimismo, se ha reafirmado en el hecho de que, cuando acabó su mandato al frente de la Corporación local, “se regularizaron todos los contratos”, y se realizó para ello sendos concursos públicos.

Justicia con fines políticos

Por otro lado, Puerto Gallego también ha criticado la actitud del PP en esos años, acusándoles de “buscar justicia con fines políticos”. A su juicio, existe una “clara voluntad política de perjudicarnos a los que no podían derrotarnos en las urnas”, y para eso, ha recordado, los ‘populares’ contrataron “a dedo una empresa afín” para auditar la gestión del gobierno socialista.

Dicha auditoría, que finalmente costó al Ayuntamiento 20.000 euros, se escudó en tres presupuestos solicitados a tres empresas que tenían “la misma sede social en la misma dirección madrileña y que compartían socios y apoderados”. La Fiscalía terminó archivando dicha investigación cuando llegó a sus manos.

Además, y respecto a las “fuerzas políticas” que, según la exdiputada, se han “atrevido a dar lecciones de limpieza democrática”, les ha anunciado que “estaremos muy atentos cuando alguno de sus miembros, aunque sea de forma injusta como es mi caso, se vean sometidos a un proceso judicial”. “Y ese día les recordaremos sus críticas injustificables contra mi persona y el PSOE”, ha vaticinado.

Lo correcto

La primera valoración a las palabras de Puerto Gallego han sido del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha afirmado que ha hecho "lo correcto" al dimitir, y ha alabado la "prontitud" con que ha tomado esta determinación.

"Ha hecho lo que hay que hacer en estos casos, con prontitud, además, cosa que hay que alabar", ha dicho Revilla, que ha añadido que ahora hay que "esperar" que cuando se juzgue el caso "se pueda demostrar que esa prevaricación no tenga razón de ser". Así lo ha señalado Revilla, en declaraciones a la prensa durante la procesión de San Cipriano.

El presidente regional ha alabado "el gesto" de Gallego, que cumple además con las "directrices de su partido", aunque ha precisado que "nadie" está exento de tomar una resolución que un tribunal "puede considerar injusta", incluso "con informes favorables".

"Y eso está en manos de los tribunales, que han visto ahí indicios de prevaricación y la han investigado", ha añadido Revilla, para quien, una vez imputada, la diputada ha hecho lo que debía.

Puerto Gallego dimite como diputada para poder defenderse mejor y demostrar su inocencia
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