Sábado 25.05.2019
SANTILLANA DEL MAR

Sancionan al Ayuntamiento de Santillana por el vertido de aguas residuales

Ayuntamiento de Santillana del Mar
Ayuntamiento de Santillana del Mar

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha sancionado al Ayuntamiento de Santillana del Mar con una multa de 1.500 euros por el vertido de aguas residuales al cauce de un arroyo procedentes del núcleo de Ubiarco.

Así lo ha informado Ecologistas en Acción Cantabria (EAC), que ha recordado que tras una sentencia en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo por la autorización de una vivienda en suelo rústico de especial protección, el Consistorio vuelve a verse sancionado, esta vez por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

La existencia de este vertido fue denunciada en octubre de 2017 por Ecologistas en Acción Cantabria y Equo Santillana ante la "impunidad con que el Ayuntamiento de Santillana acomete la problemática de sus aguas residuales urbanas". El vertido se realizó sobre dos zonas de baño, la playa de Santa Justa y la cala de Onzapera, de alto valor ambiental y paisajístico.

Según EAC, el vertido no se produjo de forma puntual, "puesto que es bien conocida la periodicidad del mismo por los vecinos". Actualmente todavía no se ha solventado esta situación y "puede volver a producirse en cualquier momento en que confluyan las condiciones idóneas", han apuntado los ecologistas.

Tras esta sanción, el Ayuntamiento de Santillana del Mar tendrá que asumir las costas de la primera sentencia y sumar el importe de la sanción por vertido de aguas fecales sin autorización.

La "negligente gestión ambiental" del Consistorio de Santillana del Mar ha sido denunciada en diferentes ocasiones por Ecologistas en Acción y Equo Santillana, que han instado al equipo de Gobierno a exigir la inclusión de esta franja costera y su patrimonio histórico en el Catálogo de Paisajes Relevantes.

También reclaman que se inicien estudios de los valores ambientales del municipio para concluir medidas eficaces de conservación que aseguren la continuidad de los paisajes y especies; y que se informe a los vecinos de las localidades más afectadas de los proyectos mineros en tramitación.

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