La Federación UGT-Servicios Públicos ha remitido un escrito al consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, en el que solicita que se agilice la adjudicación del transporte sanitario no urgente, tras desestimarse el recurso de una de las empresas candidatas a la concesión, y se compense a la plantilla con el pago de atrasos salariales con carácter retroactivo.
Según el sindicato, la plantilla adscrita al transporte sanitario urgente en Cantabria, cuyo proceso de licitación sí se ha formalizado y afronta en la actualidad su subrogación a la nueva empresa concesionaria, se beneficiará de manera automática de una revisión al alza de sus salarios con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo, pero la del transporte no urgente tendrá que esperar hasta que termine todo el nuevo proceso de licitación.
Así, durante todo este período se producirá "una desigualdad a todas luces injustificable" entre personas que prestan el mismo servicio y en la misma comunidad autónoma, lo que considera "pudiera poner en peligro la necesaria paz social", señala en una nota de prensa.
Por ello, UGT reclama "la máxima celeridad" del nuevo proceso de licitación del transporte sanitario no urgente del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y que se habilite una partida presupuestaria para pagar dichos atrasos salariales con carácter retroactivo "para evitar una clara situación discriminatoria hasta que se formalice el nuevo contrato".
En relación con la subrogación de la plantilla del servicio de transporte sanitario urgente ya adjudicado a una nueva empresa, el sindicato explica que ya ha solicitado información detallada de la plantilla para comprobar que el proceso se aplica de manera correcta.
En este sentido, señala que ya ha solicitado a la empresa la relación del personal activo, el que cuenta con reserva de puesto de trabajo, el de nuevo ingreso, el que cuenta con un contrato de interinidad y el que está en jubilación parcial o contrato de relevo.
A ello, UGT añade la petición del listado de aquellos trabajadores que no estén de alta en la empresa y tengan abiertos procesos judiciales o administrativos por despidos.
