La Federación de Defensa Animal Cantabria (DEAN) ha presentado una demanda al Consistorio santanderino ante la Fiscalía por incumplir la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos en el recinto del minizoo de La Magdalena.
Desde DEAN aseguran que se ha infringido: “el artículo 3, relativo a las medidas de bienestar animal, profilácticas y ambientales; el art. 4, sobre los programas de conservación y educación; el art. 5, que establece la obligatoriedad de personal especializado y el art. 6, sobre el registro de especies y ejemplares; y que, por tanto, serían de aplicación los artículos 11 y 13, que hablan de la responsabilidad del incumplimiento y de la graduación de las infracciones respectivamente”.
La Federación ha llegado a esta conclusión tras “haber recibido, desde el Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia, el informe sobre el mismo elaborado por Zoological fechado en noviembre de 2020 y cuya existencia les fue negada en una primera solicitud, realizada también vía transparencia, y tras conocer el contenido del resto de informes elaborado por los miembros del Comité de Expertos”, señalan.
La presidenta de DEAN, Victoria Cedrún, ha asegurado que “los citados informes mencionan que el minizoo ha funcionado de manera ilegal hasta el 2016 al incumplir la legislación que le obligaba a darse de alta, tal y como refleja la Ley 31/2003, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos; aluden a animales que no están en condiciones adecuadas a su especie, a animales enfermos y no medicados de la forma correcta, a comportamientos extraños derivados de su cautividad en instalaciones incorrectas y a la falta de enriquecimiento ambiental”. Asimismo, ha mencionado que “reflejan también la necesidad de mejorar instalaciones, problemas con el sistema de filtración del agua, falta de programas en cuanto a educación, conservación e investigación, cartelería obsoleta, ausencia de protocolos, necesidad de informatización del sistema y ausencia de un plan de formación continua para los cuidadores y trabajadores del zoo”.
Ante esta situación, la Federación ha señalado que el Ayuntamiento “sigue sin tomar una decisión firme sobre el futuro del zoo y de los animales que allí residen”, a pesar de que las conclusiones del Comité de Expertos fueron emitidas en julio de 2020, lo que pone de manifiesto “la dejadez del equipo de gobierno en materia de bienestar animal, el incumplimiento de la legislación vigente y la falta de transparencia al haber ocultado los informes durante más de dos años”.
Por todo esto, solicitan a la Fiscalía que “se abra el proceso de investigación necesario para averiguar si se está cometiendo algún ilícito penal por parte del Consistorio” y piden a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que realicen las inspecciones de la manera adecuada porque “es inconcebible que si se realizan en tiempo y forma, situaciones de evidente falta de bienestar animal, de instalaciones inadecuadas y de incumplimiento de la legislación como las que se han dado en el minizoo, lleguen a producirse”.
Finalmente, Cedrún ha sentenciado que “hemos normalizado la posibilidad de divertirnos a costa del sufrimiento de otros y nada justifica que mantengamos en cautividad animales que son alejados de su hábitat y privados de la posibilidad de realizar los comportamientos propios de su especie y de tener una vida digna. Ha llegado el momento de que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno Autonómico trabajen de forma conjunta y se sienten para decidir el futuro de las instalaciones y de los animales que albergan”.
