Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) y la Asociación de la Policía Local y Bomberos-Unión Sindical Obrera (APLB-USO) han denunciado este viernes que un año después de que se aprobara el I Plan de Igualdad de Oportunidades para el Personal Municipal 2022-2026, los mecanismos para realizar un seguimiento de su implantación todavía no se han puesto en marcha.
Así lo detallan en un escrito a la Concejalía de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio del Ayuntamiento de Santander al que ha tenido acceso este diario, y en el que reclaman que, “a la mayor brevedad posible”, se ejecute el “reiterado cronograma y se convoque la Comisión de seguimiento”.
En dicho documento, los sindicatos recuerdan que el 16 de enero de 2023 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local este primer Plan que contemplaba, a lo largo de varios apartados, numerosas herramientas para realizar el seguimiento que permitiera certificar la ejecución del mismo.
Concretamente, en su apartado 9 se señala la creación de un “cronograma de seguimiento y evaluación, que incluye un calendario con las diferentes fases de ejecución del mismo”. Por otro lado, en el apartado 1.6 “se indicaba que, durante su período de vigencia, de cuatro años, se realizarían reuniones con carácter anual, donde se revisaría y actualizaría, si se considerase necesario el meritado Plan”. Por último, el apartado 7 contempla que, “con carácter general, se realizará una reunión de la Comisión de seguimiento, a celebrar preferentemente en el primer trimestre de cada año natural”. Reunión en la que “se analizará el proceso de implantación del Plan y la priorización de actuaciones para el período siguiente”.
Según esto, deberían haberse realizado al menos dos reuniones, pero según los sindicatos denunciantes, “pese a haber transcurrido más de un año”, la realidad es que “no se ha puesto en marcha ninguna de las medidas señaladas” en el Cronograma ni se han celebrado las reuniones. A su juicio, esto es un “claro ejemplo de inaplicar un documento tan necesario” en el Ayuntamiento. Y en este sentido, dado que el período de vigencia es de cuatro años y “ya ha transcurrido más de uno”, los autores del escrito trasladan que “la sensación que se transmite es que no hay voluntad alguna de proceder a su ejecución”.
