La Audiencia de Cantabria celebrará este martes, 24 de octubre, el juicio contra el acusado de violar a una menor, de 17 años, tutelada por la administración y con la que contacto por Instagram, para el que piden más de 13 años de cárcel.
El juicio tenía que haberse celebrado el 12 de septiembre, pero tuvo que ser suspendido al no comparecer el acusado en la vista, por lo que se acordó orden de búsqueda, detección y, previsiblemente, ingreso en prisión.
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para él por unos hechos que califica como delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, mientras que el Gobierno regional, que ejerce la acusación particular al ser el responsable de la tutela de la menor, eleva su petición de prisión hasta los trece años y cinco meses, al considerar lo ocurrido un delito continuado de agresión sexual.
Según el escrito del ministerio público, acusado y víctima intercambiaron conversaciones a través de la citada red social y en un momento dado quedaron para conocerse.
El hombre la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica le pidió "que parara repetidamente, dado que le hacía daño".
La menor, que estaba tutelada por la administración, presentaba una situación de vulnerabilidad, según explica el escrito presentado por el Ejecutivo autonómico. "Su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta", añade.
Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno cántabro que el acusado "ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza".
Y destaca al respecto que "el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare".
DELITOS Y PENAS, SEGÚN FISCALÍA Y GOBIERNO DE CANTABRIA
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis más de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.
Por su parte, el Ejecutivo regional considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, "no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable", sino también "por sus súplicas para intentar parar la agresión".
Además, la acusación particular considera que concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, "por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica".
Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la administración asciende a trece años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores.
Y en concepto de responsabilidad civil, el Gobierno regional reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.
El juicio se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
